Reino Unido tendrá el proceso de solicitud de asilo más restrictivo de Europa

El Gobierno británico presentó una reforma para frenar la llegada de inmigrantes irregulares que incluye extender el proceso y los requisitos a cumplir hasta acabar con el hospedaje y apoyo financiero que reciben. La propuesta ha divido al Partido Laborista y ha sido altamente criticada por organizaciones que atienden inmigrantes y refugiados. ¿Qué contiene la reforma y en qué momento político se da a conocer? Entrega desde Londres. 

En 33 páginas, el Gobierno presentó al menos 40 cambios para hacer menos atractivo llegar a Reino Unido de forma irregular para obtener la residencia y la ciudadanía británica y así tratar de frenar la migración, uno de los mayores desafíos de todos los gobiernos en los últimos años.

La nueva política, inspirada en el modelo danés, busca modificar el sistema migratorio, que para los críticos ha sido fallido, y atender un asunto prioritario para los británicos y que fuera una promesa de campaña del primer ministro Keir Starmer.

El paquete de reformas es una mezcla de decisiones ejecutivas y nuevas leyes para borrar los beneficios económicos y de hospedaje, financiados por el Estado, que reciben, inmediatamente, quienes pisan suelo británico.

Además, se contempla extender los tiempos de las solicitudes, fortalecer el sistema para evitar apelaciones interminables a quienes se les ha negado el asilo y delimitar el concepto de familia para esquivar que a través de la familia extendida, los migrantes continúen en el país.  

Uno de los grandes cambios anunciados por la ministra del interior, Shabana Mahmood, es la extensión a 20 años del proceso de solicitud de asilo. Actualmente, tras permanecer cinco años, los asilados pueden tramitar la ciudadanía que les permitía establecerse indefinidamente en el Reino Unido.

“Estas son restricciones significativas del sistema de asilo en comparación con las impuestas durante los últimos 20 años. Se convertiría en una de las más restrictivas de Europa, si no la más”, le explica a France24 Peter Walsh, profesor e investigador senior del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford.

Cifras oficiales, revelan que, a finales de junio de 2025, 111.084 personas solicitaron asilo. Un 14% más que en junio de 2024.

La ministra Mahmood resaltó que la reforma se hace necesaria porque el sistema actual está “fuera de control” y es “injusto”.

Otro argumento es el alto costo para las finanzas públicas por el pago de habitaciones en las que permanecen por un tiempo indefinido los solicitantes de asilo.

El contrato actual opera en 222 hoteles en todo el país. Tiene un costo de 127 millones de libras esterlinas, unos 166 millones de dólares al mes.

“Hace diez años, el 3% de los solicitantes de asilo en Europa lo hacían en el Reino Unido. Ahora la cifra se acerca al 10%. Una de las razones es la presencia de familiares y miembros de la comunidad. A medida que estas comunidades crecen, tienden a propiciar una mayor migración. La segunda, es el idioma inglés”, afirma Walsh.

Sin embargo y aunque se conocen muchos detalles, el Gobierno aún debe presentar la hoja de ruta de cómo implementará estas medidas.

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“Las reformas de asilo más radicales de los tiempos modernos”

Los beneficios económicos inmediatos, como la mesada semanal y acomodación gratuita en hoteles, se acabarán. 

De hecho, quienes viven en estos hoteles y tienen el permiso de trabajar después de un año en el proceso y deciden no hacerlo, podrían ser deportados.

Otro cambio fundamental es que el estatus de ser refugiado dejará de ser permanente. 

Cada caso se revisará cada 30 meses y solo se mantendrá si el país de origen de la persona sigue siendo un territorio inseguro.

En caso de que las condiciones del país mejoren, tendrán que regresar con apoyo económico británico. Por ejemplo, se espera que los ciudadanos sirios a los que se les negó el asilo regresen voluntariamente.

También es probable que las familias ucranianas tengan que regresar, una vez la guerra con Rusia termine.

Actualmente, a un solicitante de asilo se le ofrecen casi 4.000 dólares para regresar a su país. Este incentivo podría aumentar con la reforma.

Otro eje fundamental es que los refugiados no podrán llevar a sus familias a Reino Unido. 

Por ello, se modificará el artículo 8, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a la vida familiar. Se les pedirá a los jueces que prioricen la seguridad nacional y el orden público británico.

Para ello, se delimitará el concepto único de familia, hijos y padres, para frenar que los inmigrantes justifiquen otros vínculos y se prohibirá invocar este articulo desde el exterior.

Además, se creará un nuevo organismo de apelaciones. Solo habrá una oportunidad de apelación. Y es que las decisiones judiciales han disparado el número de asilados.

A junio de 2025, se aprobó el 48% de las 109.902 solicitudes que fueron procesadas. En este mismo periodo, 45% de las apelaciones contra la negación del asilo fueron garantizadas en tribunales de inmigración, resalta el ‘Financial Times’.

También habrá sanciones para los países que se nieguen a recibir a sus ciudadanos deportados. Si los gobiernos de Angola, el Congo y Namibia no actúan rápidamente para mejorar la cooperación, habrá consecuencias probablemente con visados.

Además, se usará el reconocimiento facial y la inteligencia artificial para evitar que adultos se hagan pasar por menores de edad para obtener mayores beneficios.

¿Funcionarán las medidas?

El Gobierno está actuando en simultanea en varios frentes para frenar la inmigración: cooperación con Francia para regresar a algunas personas, medidas contra las bandas criminales que transportan a los inmigrantes por diferentes rutas europeas hasta el Reino Unido, entre otras.

Sin embargo, no hay certeza de que esta gran reforma funcione y tampoco con la celeridad que el Gobierno busca y necesita para que deje de ser “su dolor de cabeza”, especialmente en el contexto de la crisis del costo de vida que castiga a toda la población.  

Sin embargo, Starmer tiene un precedente de su lado. En Dinamarca, modelo que inspiró estos cambios, las solicitudes de asilo bajaron de 20.935 en 2015, a 2.280 en el 2024.

“Es muy difícil predecir cómo afectarán estas políticas la toma de decisiones de los solicitantes de asilo, pero hay indicios de que les preocupan dos aspectos que se están restringiendo considerablemente: el acceso a la residencia permanente y la posibilidad de reunirse con sus familiares, su pareja e hijos en el Reino Unido”, resalta Walsh.

Pero el Refugee Council cuestiona revisar cada 30 meses el estatus de refugiado porque el gobierno tendría que inspeccionar a 1,4 millones de personas.

“No solo privará a los refugiados de un futuro seguro, sino que también costará aproximadamente 872 millones de libras esterlinas a lo largo de una década”, señala el Refugee Council.

“No está claro si constituirán un elemento disuasorio suficientemente significativo; los planes del gobierno anterior para Ruanda (si bien nunca se materializaron) no redujeron significativamente las travesías en barco, a pesar de que se consideraban un fuerte elemento disuasorio. Muchos solicitantes de asilo tienen fuertes lazos familiares con el Reino Unido, hablan inglés y lo perciben como un país acogedor para los inmigrantes”, explica a France24 Shaina Sangha, investigadora del Institute for Government.

Medidas “inhumanas”

Organizaciones de caridad que atienden refugiados y solicitantes de asilo han criticado estas reformas por lo poco efectivas y por su falta de humanidad. Además de que genera resistencia dentro del laborismo y otros partidos.  

“Estos cambios radicales no disuadirán a las personas de realizar peligrosos viajes, sino que impedirán injustamente que hombres, mujeres y niños se integren en la vida británica. Las personas que han huido de la guerra y la persecución vivirán en una profunda ansiedad”, sostiene Enver Solomon, director de Refugee Council.

“No son las personas que buscan refugio las que están destrozando a la gente, sino las narrativas tóxicas”, señaló la diputada del partido Verde, Carla Denyer.

Otro asunto muy polémico es la puerta que abrió la ministra Mahmood, de origen pakistaní, para que los hijos de los solicitantes puedan ser deportados si la solicitud de asilo es negada, incluso quienes hayan nacido en el Reino Unido, porque nacer en territorio británico no da derecho a la nacionalidad.

El Gobierno realizará una consulta pública sobre este espinoso asunto.

“Existe un gran descontento entre los diputados laboristas respecto a estas reformas, y es probable que se intenten enmendar la legislación durante su trámite parlamentario”, sostiene Sangha.

Aunque enfrente focos de rebeldía, el Gobierno tiene mayorías robustas que le garantizarán que la reformas sean aprobada en el Parlamento.

Por su parte, los partidos de oposición han dado señales de apoyo. Los conservadores ven los cambios como “pasos indudablemente positivos”. Reform, el partido anti-inmigración, jocosamente invitó a la ministra Mahmood a unirse a esa colectividad.

Reform UK, la mayor amenaza electoral para los laboristas

Con esta política de línea dura, el Gobierno laborista intenta, a pasos agigantados, cerrarle el camino hacia las próximas elecciones generales, probablemente en 2029, a Reform, el partido de ultraderecha liderado por el euroescéptico Nigel Farage, que sigue fortaleciéndose como una fuerza política con posibilidades de llegar a Downing Street.

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“Las encuestas sitúan ahora regularmente la inmigración en lo más alto de la lista de temas que preocupan a los votantes, y Reform, que se presenta con una plataforma claramente favorable a la baja inmigración, ha liderado las encuestas de intención de voto. Muchos los perciben ahora como la mayor amenaza electoral para el partido Laborista”, sostiene Sangha.

El Gobierno trabaja contra el reloj. En unos días tendrá que anunciar la subida de impuestos para tapar el agujero que, afirma, “heredó” después de 14 años de gobiernos conservadores y del que el gasto diario por pago de hoteles es vertiginosamente alto en una coyuntura dominada por la crisis del costo de vida.   

Decisiones que, sin duda, tendrán un alto costo político que asumirá el primer ministro Keir Starmer.