El Gobierno español aprueba la regularización masiva: ¿cómo será el proceso?

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó finalmente este martes 14 de abril una regularización extraordinaria que permitirá obtener permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas migrantes que ya viven en España en situación administrativa irregular. El Ejecutivo defiende la medida como un acto de "justicia" y "necesidad", mientras que la oposición conservadora y la ultraderecha la rechazan por considerarla "insegura" y generadora de un "efecto llamada". ¿Cómo pueden los interesados acogerse a la medida? Lo explicamos.

España inicia el proceso para otorgar permiso de residencia a miles de personas que ya viven y trabajan en el país, hasta ahora sin derechos al no contar con un estatus regularizado.

La decisión se materializa mediante un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y que introduce nuevas figuras de arraigo extraordinario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la medida desde Beijing, donde se encuentra de viaje oficial, y aseguró que se trata de “reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país y que están aportando a la prosperidad y a la cohesión social”.

La regularización ha sido impulsada por organizaciones sociales y cuenta con el respaldo de la iglesia católica y de la patronal, que subrayan la necesidad de mano de obra en sectores con escasexzz de trabajadores.

También cuenta con el respaldo de la mayoría de partidos políticos, con excepción del ultraderechista Vox, y el conservador Partido Popular (PP) que, pese a que hace dos años votó a favor de la entrada en consideración de la medida, ahora recula y la rechaza, mientras acerca su discurso al de la extrema derecha, de cara a las elecciones generales del próximo año.

¿Cómo será el proceso de regularización y cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas podrán solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática, y ese mismo día podrán pedir cita para la tramitación presencial, que comenzará el 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio.

Para acceder a la regularización, los migrantes deberán demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, además de carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para la seguridad pública.

El Gobierno ha diseñado un operativo logístico especial para gestionar el previsible aluvión de solicitudes. Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el territorio, con refuerzo de personal y horarios específicos. Además, el grupo público Tragsa y su filial Tragsatec colaborarán en la gestión técnica y documental de los expedientes.

El Ejecutivo prevé resolver las solicitudes en un plazo máximo de tres meses, aunque el proceso podría verse afectado por la huelga indefinida anunciada por trabajadores de Extranjería a partir del 21 de abril, que denuncian no haber sido incluidos en el operativo.

Asimismo, sindicatos policiales han criticado que el proceso se haya diseñado “de espaldas” a los profesionales de seguridad y alertan sobre posibles riesgos de fraude o deficiencias en la verificación de identidad.

¿Cuáles son las dos nuevas figuras de arraigo que introduce el reglamento?

La reforma introduce dos nuevas figuras de arraigo. La primera está dirigida a solicitantes de protección internacional, cuya petición no haya sido resuelta. La segunda, denominada “arraigo extraordinario”, permitirá regularizar a quienes ya residían en España antes del 1 de enero y cumplan los requisitos establecidos.

Una de las principales novedades es que, una vez iniciada la tramitación, los solicitantes podrán trabajar provisionalmente hasta que se resuelva su expediente. También se contemplan medidas específicas para menores, personas vulnerables o con enfermedades graves.

El Ejecutivo considera que esta regularización contribuirá a reducir la economía sumergida, aumentar la recaudación fiscal y reforzar la Seguridad Social.

“Acto de justicia”, respuesta al envejecimiento y al mercado laboral

El Gobierno justifica la medida por razones demográficas y económicas. España afronta un acelerado envejecimiento poblacional y necesita incorporar trabajadores para sostener el sistema de pensiones y los servicios públicos.

Actualmente, los trabajadores extranjeros representan el 14,1 % de la afiliación a la Seguridad Social, con más de 3,1 millones de personas. Según el Ejecutivo, informes de organismos internacionales coinciden en que España necesitará entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales hasta 2050 para mantener el Estado del bienestar.

Muchos de los migrantes que se beneficiarán de la regularización ya trabajan en sectores con alta demanda de mano de obra, como la agricultura, los cuidados o la hostelería.

En una carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez calificó la medida como un “acto de normalización” que reconoce la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte de la vida cotidiana del país.

El presidente apeló también a la historia migratoria de España y recordó a los españoles que emigraron a Europa y América en busca de oportunidades. “Es también un acto de justicia con nuestra propia historia”, afirmó.

Sánchez subrayó además que la medida es una “necesidad” para sostener el crecimiento económico y los servicios públicos, como la sanidad, las pensiones o la educación.

Esta regularización sería la octava desde la llegada de la democracia y la mayor desde 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a más de 576.000 personas.

¿Por qué el PP recula y rechaza la regularización?

El Partido Popular critica la medida y justifica su rechazo al calificarla de ser “inhumana” e “injusta”. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la regularización “alimenta a las mafias” y advirtió de que el proceso carece de controles suficientes.

Desde Vox, la formación anunció una campaña contra la inmigración “masiva” y adelantó que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo para solicitar su suspensión cautelar.

Vox tilda incluso la inmigración de “invasión” y asegura, sin pruebas, que el actual Gobierno español pretende “reemplazar” a la población, lo que ha sido ampliamente refutado tanto por las autoridades como por expertos en el tema.

Ambos partidos cuestionaron además que la medida se haya aprobado mediante Real Decreto y no a través del Parlamento.

El PP, que en el pasado aprobó regularizaciones masivas en el país, actualmente asemeja su discurso al del ultraderechista Vox, con declaraciones abiertamente racistas y xenófobas, que ha escalado en los últimos años en la política nacional y mientras se pelean el voto de cara a las elecciones generales programadas para mayo de 2027.

Apoyo de la Iglesia y organizaciones sociales

Frente a las críticas, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, como Cáritas, respaldaron la regularización y pidieron a la Administración que garantice el acceso al proceso a todos los potenciales beneficiarios.

Estas entidades consideran que la irregularidad administrativa sitúa a las personas migrantes en una situación de vulnerabilidad, limita su acceso a derechos básicos y las expone a discriminación.

El Gobierno también ha subrayado el respaldo de la patronal y de sectores productivos que demandan trabajadores para cubrir vacantes.

Debate político y desmentido de críticas

El Ejecutivo ha defendido la legalidad de la medida y asegura que cuenta con el aval del Consejo de Estado. También ha rechazado que la regularización genere un “efecto llamada”, ya que se limita a personas que ya residían en España antes del anuncio.

El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá “poner el contador a cero” para miles de personas que viven y trabajan en el país sin reconocimiento administrativo, y que contribuirá a reforzar la economía y la cohesión social.

Con esta decisión, España se prepara para iniciar uno de los mayores procesos de regularización migratoria de su historia reciente, con el objetivo de integrar formalmente a cientos de miles de personas que ya forman parte de la sociedad.