El Gobierno de España aprueba la regularización de más de 500.000 inmigrantes indocumentados

La regularización masiva de extranjeros en situación irregular pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el grupo de izquierda Podemos cobijará a los inmigrantes que hayan entrado a España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiados por la medida, que cobijará también a solicitantes de asilo, obtendrán una residencia legal por un año y, posteriormente, podrán aplicar a una renovación, según la legislación vigente.

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes 27 de enero la tramitación de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de al menos 500.000 extranjeros que se encuentran viviendo en España sin documentos desde antes de 2026, después de pactar esta medida con el partido izquierdista Podemos.

“Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios del mes de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026”, detalló este martes Elma Saiz, ministra de Inclusión, tras el Consejo de Ministros en la Moncloa.

La noticia fue anunciada el lunes por la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, antes de ser confirmada por el gobernante Partido Socialista (PSOE) y finalmente aprobada este martes.

Montero detalló que, tras la firma de la medida por el Ejecutivo, “tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”. 

Para probar el tiempo de permanencia en España, los inmigrantes no solo podrán adjuntar un certificado de empadronamiento —documento del que carecen muchas personas que alquilan habitaciones en pisos compartidos— sino también con informes médicos, contratos de servicios públicos o un certificado de envío de remesas.

La admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año. Transcurrido ese lapso, los beneficiados podrán tramitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Además, quedarán suspendidos al acto los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso legal.

La regularización incluye también a los solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes de 2026. Esta población se había declarado afectada tras la última reforma migratoria, que no los consideró para la agilización de los plazos.

“Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos”, destacó Montero en una rueda de prensa el lunes.

Al tramitarse como un Real Decreto, el Ejecutivo español evita el debate y votación en el Congreso, donde le faltan votos para impulsar medidas en materia migratoria. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de migrantes, admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024 con más de 700.000 firmas, lleva más de un año y medio bloqueada por las bancadas conservadoras.

España ha ejecutado ocho regularizaciones masivas desde la década de los 80, la última de ellas en 2005, bajo la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando otro medio millón de inmigrantes lograron normalizar su estatus.

En contravía de otros países de Europa y Estados Unidos

El Gobierno socialista del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, ha aplicado múltiples medidas para flexibilizar la normativa migratoria, en un contexto mundial en el que los países más prósperos tienden a cerrar sus puertas al sur global.

Mientras la Casa Blanca tras el regreso Donald Trump, o Italia–bajo el liderazgo de la primera ministra, Giorgia Meloni–han restringido la entrada y permanencia de migrantes, principalmente sin estatus legal, España, por ejemplo, actualizó el reglamento de Extranjería en mayo de 2025 para simplificar los trámites a siete millones de foráneos que residen en el país, un 14% de la población total, según datos oficiales.

El Ejecutivo español ha revelado su intención de pasar de regularizar 200.000 extranjeros cada año a 300.000, al menos hasta 2028. 

España es la única nación europea donde existe la figura de arraigo —la más utilizada por los inmigrantes para normalizar su situación— que permite obtener documentos a los extranjeros tras dos años de permanencia en territorio nacional y otros requisitos adicionales, según cada caso.

Durante el anuncio del pacto para la regularización, Irene Montero condenó duramente la política migratoria estadounidense de Donald Trump que, a su juicio, “asesina a ciudadanos a quemarropa y expulsa a miles de trabajadores por su color de piel”. 

“Es el momento de responder a su racismo, a su odio y a su violencia con papeles”, zanjó Montero.

El partido de ultraderecha español, Vox, anunció este martes que recurrirá la regularización extraordinaria ante el Tribunal Supremo. Su líder, Santiago Abascal, publicó un video en el que calificó la medida como “un crimen” y un “atropello a los españoles”.

“La invasión también mata”, remarcó el dirigente de la bancada de ultraderecha.

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La Policía, en desacuerdo 

El contraste entre política migratoria española y la de sus vecinos europeos fue advertida por la Confederación Nacional de Policía (CEP), que criticó la regularización de inmigrantes al afirmar que rompe “dos décadas de consenso sobre regularización de inmigrantes” y convierte a España en “un país que va en otra dirección frente al criterio” de la Unión Europea.

Varios sindicatos policiales españoles advirtieron este martes del riesgo de colapso en las unidades de Extranjería por la regularización “masiva” de inmigrantes irregulares anunciada por el Gobierno. Las agremiaciones profesionales SUP, Jupol y CEP alertaron de un “impacto operativo y funcional” para las unidades de Extranjería y Fronteras que “ya se encuentran saturadas”, según la Jupol.

Trámites que deberían ser resueltos, por ley, en un plazo de tres meses, están tardando en promedio más del doble en ciudades como Madrid, según las fechas de resolución actualizadas del Gobierno.

En otra dirección, encaminó su crítica el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que calificó el anuncio del Gobierno como una “absoluta irresponsabilidad” y “una temeridad para la seguridad ciudadana”, ya que, afirma el gremio policial, “muchos de los extranjeros que verán su situación regularizada están vinculados a hechos delictivos”.

Sin embargo, esa afirmación no es verídica, ya que entre los requisitos para la regularización se encuentra la comprobación de no tener antecedentes penales.

Por su parte, la Jupol, que abogó por el “endurecimiento de la política de asilo”, señaló que la regularización masiva debe obligar a “extremar las comprobaciones” de los antecedentes penales y policiales.

La población inmigrante en España se ha duplicado en los últimos 20 años, un periodo en el que la tasa de criminalidad se ha reducido en el país del 49% al 40%, la más baja de la serie histórica, según los datos del Ministerio de Interior.

Si bien, en términos relativos, la tasa de condenados extranjeros duplica a la de la población nacional – los inmigrantes representan el 14% de la población, pero suman el 28% de las condenas–, múltiples analistas citados por medios locales no atribuyen la disparidad al hecho de que sean migrantes per se, sino a factores socioeconómicos o dificultades para defenderse.

Paralelamente, los sindicatos advierten de un “efecto llamada directo e inmediato”, pese a que la medida no beneficiará nadie que haya entrado al país después del 31 de diciembre de 2025.

Con EFE y medios locales