Venezuela se abre a la inversión privada en el sector petrolero, con una reforma a pedido de EE. UU.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la modificación a su Ley de Hidrocarburos, que habilita el ingreso de capitales privados y extranjeros en el sector petrolero. La medida, impulsada y ya promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, había sido calificada en la víspera como "un gran paso" por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. De inmediato, Washington emitió una licencia general que levanta sanciones a algunas transacciones con petróleo venezolano.

Tras casi dos horas de deliberaciones, el Parlamento de Venezuela dio el visto bueno a una de las reformas que va en línea con los deseos de la Administración de Donald Trump para conseguir dividendos del sector petrolero venezolano: la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La Asamblea Nacional, que está bajo control del oficialismo, respaldó por unanimidad la propuesta, presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez solo días después de que tropas estadounidenses capturaran en una incursión militar al mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y de que Trump anunciara la tutela de Washington a la venta de petróleo venezolano.

En línea con las presiones de EE. UU., que ha instado a Rodríguez a “colaborar” con el gobierno del republicano, la reforma, en esencia, revierte en buena medida los cambios introducidos en 2006 por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control de la actividad petrolera.

Con esta modificación parcial a la ley, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, bajo un modelo mixto, utilizado ya por empresas como la estadounidense Chevron, que otorga control técnico, administrativo y financiero al capital privado, manteniendo a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como socio mayoritario.

El texto, además, introduce la posibilidad de que los conflictos puedan ser solventados “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes”.

La repercusión desde Washington fue inmediata: la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, flexibilizó algunas sanciones al sector petrolero de Venezuela, con la emisión de una licencia general que habilita a “entidades estadounidenses establecidas” a realizar transacciones que sean “ordinariamente incidentes y necesarias” para actividades ligadas con el crudo venezolano.

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