Gobierno Kast anuncia recorte del 3% en seguridad, generando debate sobre coherencia con su campaña

El Gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó esta semana una propuesta ante el Congreso para reducir en alrededor de 72.000 millones de pesos chilenos ( unos 77,6 millones de dólares) el presupuesto para la cartera de Seguridad Pública. Una decisión que ha planteado dudas para miembros de la oposición y expertos, pues el jefe de Estado anunció que el fortalecimiento de los servicios de seguridad sería una de las prioridades de su gestión.

La Administración del derechista José Antonio Kast propone disminuir el presupuesto destinado a la cartera de seguridad, a pesar de haber alertado una crisis “descontrolada” de delitos durante la campaña a la Presidencia. 

El Gobierno recién llegado al Palacio de La Moneda de Santiago anunció la semana pasada que quiere recortar 72.000 millones de pesos chilenos, alrededor de 77,6 millones de dólares, en el presupuesto de Seguridad Pública.

El plan, que aún debe ser validado por la Dirección de Presupuestos, fue llevado el pasado lunes, 23 de marzo, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara por la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, y el subsecretario Andrés Jouannet.

El ajuste responde a la instrucción, impartida desde el 13 de marzo, por el ministerio de Hacienda de recortar un 3% los fondos en todas las carteras. 

La propuesta contempla recortes de 55,6 millones de dólares en Carabineros, 17,4 millones en la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia, focalizado en reducir homicidios en zonas específicas.

Una decisión que, según los funcionarios dedicados a gestionar la seguridad del país, en principio no tendrá efectos directos en las calles. 

“Lo que garantizamos a esta comisión es que ninguno de los recortes que se harán, tendrán que ver con temas sensibles que naturalmente afecten la seguridad”, aseguró a los congresistas el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. 

La reducción de los fondos estatales responde a la política de disminución del Estado, ya anunciada por el presidente durante su campaña a la Presidencia. 

Desde su posesión, el 11 de marzo, el líder del Partido Republicano de Chile ha declarado que está liderando al país con un “gobierno de emergencia”. 

Esta semana después de que el Ejecutivo aprobara un alza en los valores de la gasolina y el diésel, a raíz de decidir no intervenir en el mecanismo legal para estabilizar los precios, el jefe de Estado defendió su decisión argumentando que su Administración no endeudará al Estado y pidió a los ciudadanos tener “responsabilidad” y “solidaridad”.

Cuestionamientos a la estrategia de seguridad

A lo largo de la campaña, el presidente Kast y sus partidarios aseveraron en varias ocasiones que el país sudamericano se encuentra transitando por una crisis de seguridad sin precedentes. 

El mandatario y su ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, prometieron a sus votantes llevar al Congreso nuevas leyes que amplíen el derecho a la legítima defensa, realizar operaciones militares en zonas “bajo dominio del narco”, y construir vallas y muros en la zona de la frontera para enfrentar la inmigración irregular. 

Sin embargo, las cifras oficiales de crimen muestran una realidad diferente a la planteada por el Gobierno de derecha. 

Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios 2025 de la Fiscalía Nacional, en 2025 hubo 1.091 víctimas, 118 menos que en 2024. La disminución implicó una caída de 11,5 % en la tasa que bajó de 6,1 a 5,4 por cada 100.000 habitantes. Una medición que alcanzó su récord en 2022 con 6,7, justo en el año que asumió la jefatura de Estado el izquierdista Gabriel Boric. 

Por lo que, algunos expertos advierten que la postura de Kast de llamar a la situación de seguridad “una emergencia” fue de carácter político. 

“Chile enfrenta un problema serio de crimen organizado, pero la idea de ‘emergencia’ no es un diagnóstico técnico sino más bien una herramienta política para justificar medidas excepcionales”, explicó a la agencia EFE, el abogado e investigador académico Víctor Beltrán.

“No observo elementos que nos permitan configurar una situación de emergencia con el Estado desbordado, por el contrario se ha revertido la tendencia y hay mayor capacidad estatal”, afirmó a EFE el académico y jefe de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Gonzalo Parra.  

Decisiones desde el Palacio de La Moneda, que son duramente cuestionadas por la oposición, ahora encabezada por la exministra del Gobierno Boric y excandidata a la Presidencia, Jeanette Jara. 

“Los temas de seguridad y migratorio fueron los que los llevaron a la presidencia. Pero hoy día, los temas que está interviniendo no tienen que ver con seguridad y migración, sino con medioambiente, con educación, con derechos laborales”, señaló la líder política izquierdista en una entrevista con el diario La Tercera.

Recortes que podrían tener impactos en el terreno 

En cuanto al plano operativo de los recortes en la cartera de Seguridad Pública, analistas y expertos aseguran que inequívocamente habrá reducciones en las labores dedicadas a luchar contra el crimen organizado y la inseguridad urbana. 

“Son precisamente estas cifras las que permiten la operación: recursos para bencina, traslados o diligencias investigativas, al sacarlos se afecta directamente el funcionamiento”, advirtió a EFE el experto en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya. 

“Si no se mantiene la intensidad del esfuerzo, el crimen organizado vuelve a crecer, se expande y después es mucho más difícil de investigar y desarticular”, añadió el académico. 

Según las cifras oficiales, Chile es uno de los países más seguros de América Latina con tasas de homicidios por 100.000 habitantes inferiores a las de naciones como Uruguay o Costa Rica. 

Sin embargo, dentro de la población del país del cono sur existe una percepción de inseguridad. Según la encuesta global Gallup de 2024, sólo el 36 % de los ciudadanos se siente seguro caminando solo por la noche, ubicándolo como uno de los países con mayor temor, superado solo por Ecuador en el continente.

“No es serio decir que esto se traducirá mañana en más delitos, pero sí es evidente que se está asumiendo un riesgo. Si la seguridad era prioridad, no puede tratarse como cualquier otro ítem de gasto”, concluye Víctor Beltrán.

Con EFE y medios locales