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Un informe puso sobre la mesa situaciones determinantes que requieren respuesta inmediata para evitarle mayores riesgos a la ciudadanía en general.
Con miles de casos desgarradores en Colombia que se desarrollan a diario, una alarma internacional sobre la actualidad del estado de la justicia en el país merece especial atención.
La independencia judicial y fiscal en América Latina atraviesa uno de sus momentos más críticos, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja), que presentó el informe Indicadores de Independencia de Jueces y Fiscales en las Américas 2025.
Esa es una herramienta pionera que busca medir, comparar y visibilizar los riesgos que amenazan la autonomía de quienes imparten justicia en la región.
El documento reúne 57 indicadores organizados en distintas categorías y dimensiones, que permiten ir más allá de lo que dicen las leyes para explorar las prácticas cotidianas, las presiones externas y las dinámicas internas que, en silencio, van debilitando la capacidad de jueces y fiscales para actuar con independencia.
Entre los hallazgos más relevantes, Ceja advierte que los jueces y fiscales que investigan corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos son especialmente vulnerables a amenazas que van desde presiones políticas y económicas hasta campañas de desprestigio en medios y redes sociales.
Además, el informe muestra que en varios países persisten vacíos normativos y deficiencias estructurales: procesos de selección y ascenso poco transparentes, inestabilidad en los cargos y procedimientos disciplinarios sin garantías suficientes.
Estas falencias no solo afectan a los operadores de justicia, sino que inciden directamente en la confianza ciudadana, que ha mostrado un deterioro sostenido frente a la percepción de independencia judicial.
Los indicadores para medir la independencia de la justicia en América Latina desarrollados por Ceja abarcan cinco dimensiones:
Este enfoque integral convierte al informe en una herramienta inédita para la región, al incluir por primera vez la independencia de fiscales y al reconocer que las presiones invisibles, muchas veces normalizadas, pueden ser tan graves como las amenazas externas.
Lo que muestra el informe:
“Con estos indicadores buscamos identificar, prevenir y mitigar las presiones y amenazas que enfrentan jueces y fiscales en América Latina, como una contribución concreta al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia en la región”, destacó Nataly Ponce Chauca, directora ejecutiva de Ceja.
La publicación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas subraya que garantizar la independencia judicial no es solo una cuestión corporativa del sistema de justicia, sino un tema esencial para la ciudadanía. Sin jueces ni fiscales independientes, advierte el informe, se pone en riesgo la igualdad ante la ley, el debido proceso y la posibilidad de que la justicia prevalezca sobre la impunidad.
En un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado, Ceja enfatiza que contar con jueces y fiscales independientes es crucial para garantizar la igualdad ante la ley, proteger el debido proceso y asegurar que la justicia prevalezca sobre la impunidad.
El informe de Ceja lanza una advertencia clara: si no se blindan las condiciones para que jueces y fiscales actúen sin presiones, no solo se erosiona la justicia, sino que se compromete el futuro democrático de América Latina.
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