OEA declara que en Venezuela hay "una grave alteración inconstitucional"

El organismo le exigió al gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El texto fue aprobado “por mayoría” (17) de los 21 Estados presentes en la sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.

El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó “por consenso” de los Estados presentes, según declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.

En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trata de una reunión “ilegal” y un “golpe de Estado institucional” al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.

La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro, incorpora la posibilidad de, “en la medida que sea necesario”, emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”, “incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”.

Asimismo, indica que “a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático”.

De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a “actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, según la lectura que hizo del texto la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.

El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es “ilegal”.

Con EFE