Nicolás Maduro sufre repentino ataque de humanismo y reclama por migrantes venezolanos

El mismo día en que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, de la ONU, reiteraba que el régimen de Nicolás Maduro sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes, el mismo Maduro vociferaba indignado por el trato que Estados Unidos da a los venezolanos que deportó hacia El Salvador.

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Solo el martes pasado la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela informaba que, en ese país, bajo la dictadura de Maduro, “continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Nicolás Maduro pasa por alto grave situación humanitaria en Venezuela

La Misión estableció también que fuentes no gubernamentales “han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025”. Lo más grave es que algunas de estas detenciones “podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración”.

Con semejantes señalamientos en su contra, relacionados únicamente con el proceso posterior a las elecciones que le ganó Edmundo González Urrutia, pese a lo cual Maduro se posesionó de manera espuria para un tercer mandato, la cabeza del régimen de Venezuela le reclamó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por recibir a casi 300 venezolanos deportados de Estados Unidos, señalados de permanecer ilegalmente en ese país y de pertenecer a la banda criminal transnacional ‘Tren de Aragua’.

“Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos; ninguno”, reclamó Maduro, y después se quejó de la supuesta negación de los mismos derechos que su régimen les conculca a sus ciudadanos. “No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso. Fueron engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador”.

Mientras tanto, sobre la situación en Venezuela, Marta Valiñas, presidenta de la Misión, aseguraba: “El gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades. Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad”.

Con todo, Maduro se mostró indignadísimo con lo que les ocurrió a los venezolanos deportados a El Salvador, la inmensa mayoría de los cuales, hay que recordarlo, salieron de su país y suman ocho millones de migrantes por las precarias condiciones de vida y la persecución política que ha desatado el régimen contra cualquier expresión de oposición.

“Los metieron esposados, de manos, de piernas, sin decirles a dónde iban. Y cuando llegaron a El Salvador, los bajaron a garrote, a palo; los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron y les raparon el coco [la cabeza]”, se dolió Maduro, y después hizo las mismas preguntas con las que los venezolanos y el mundo lo interpelan a él: “¿Eso se llama justicia? ¿Eso se llama derecho internacional? ¿Eso se llama derechos humanos? ¿Cómo se llama eso?”. Y, como si se estuviera mirando en un espejo, gritó: “¡Se llama fascismo, nacismo!”.

Su reclamo por el trato dado a los venezolanos en una nación extranjera también contrasta con otro de los hallazgos de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, que expresó su preocupación por la detención, en ese país, de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra el régimen.

“Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas”, advierte la Misión, uno de cuyos expertos, Francisco Cox, afirmó que “los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados” por el régimen de Maduro, “en contra del derecho internacional”. Añade que las personas detenidas “son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”.

La situación en Venezuela ya había sido abordada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó la actitud del régimen contra sus opositores como terrorismo de Estado. Uno de los casos emblemáticos es el de la defensora de derechos humanos Rocío Sanmiguel, detenida hace más de un año, quien permanece con un brazo fracturado y con dificultades para que sus familiares y los abogados que ella quiere —no los que le asigna el régimen— la asistan.

En medio de este contexto, Maduro y su régimen buscan hacerse con la bandera de la defensa de los derechos humanos cuando todo su estamento está señalado de violarlos. También queda en evidencia lo artificial de su preocupación por reunificar a las familias venezolanas, pues el mundo ha visto que ellos mismos son los principales causantes de la diáspora de ocho millones de compatriotas que tuvieron que salir huyendo de su país.

La reunificación de las familias venezolanas ha sido, por el contrario, el estandarte enarbolado por la oposición en cabeza de María Corina Machado, hoy escondida ante el riesgo que corre su vida, lo mismo que otros opositores, en un país cuyo régimen quiere mostrar como paraíso de la democracia, los derechos humanos y el debido proceso.