El acuerdo secreto del ELN: armas sirias, cocaína y criptomonedas en pleno proceso de paz colombiano

La más reciente investigación acerca de los nexos internacionales del Ejército de Liberación Nacional (ELN) arroja luz sobre el alcance de sus actividades criminales durante el proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras participaba en diálogos con el Ejecutivo colombiano, el ELN estaba comprometido en un acuerdo ilícito de intercambio de armas por cocaína con Antoine Kassis, familiar cercano del entonces presidente sirio Bashar al-Asad. Kassis, hoy juzgado en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, actuó como intermediario entre el régimen sirio, conocido por sus políticas represivas y por haber generado una crisis humanitaria desde 2011, y la guerrilla colombiana.

El expediente judicial revela que los contactos iniciales se produjeron en abril de 2024, período en el que el ELN congeló unilateralmente la mesa de paz, alegando incumplimientos gubernamentales en compromisos como la financiación para la sustitución de economías ilícitas. Sin embargo, los motivos reales parecían encaminarse a fortalecer sus capacidades militares, anticipando una escalada del conflicto con el Estado colombiano y rivales armados.

Para concretar la operación, participaron supuestos intermediarios como Alirio Rafael Quintero y Wisam Kherfan Okde, involucrados en transacciones de lavado de dinero y manejo de criptomonedas. Estas operaciones no solo facilitaron la circulación de capitales ilícitos, sino que internacionales redes criminales como el Hamás, Hezbolá e incluso el cártel mexicano de Sinaloa se vincularon indirectamente, según la documentación consultada por El Colombiano.

Los flujos ilegales de dinero recorrieron bancos en Virginia antes de convertirse en criptomonedas, que presumiblemente terminarían en África, paso previo a la entrega de armas y cocaína. En este contexto, cuando la DEA interceptó la negociación en Nairobi en febrero de 2025 y detuvo a Kassis, se evidenció el nivel de sofisticación y alcance global de esta alianza criminal.

Paralelamente, Colombia vivía una agudización del conflicto interno, con ataques como el perpetrado en Arauca y desplazamientos masivos en Catatumbo en medio de la pugna territorial con las disidencias de las Farc. El derrocamiento en diciembre de 2024 de Bashar al-Asad, cuya familia gobernó Siria durante más de 50 años, abrió interrogantes sobre el control de los arsenales restantes en ese país, ahora en manos de antiguos rebeldes con antecedentes vinculados a Al Qaeda.

Los intentos del gobierno Petro por reactivar la mesa de diálogo fueron sistemáticamente frustrados por el ELN, que alternó su participación en negociaciones con incursiones armadas y alianzas internacionales. En la actualidad, los cabecillas implicados en las redes financieras internacionales esperan su extradición, mientras la mesa de paz permanece cerrada y el ELN continúa sus operaciones armadas en varias regiones del país. Organizaciones como la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han advertido que no se trata de incidentes aislados, documentando relaciones similares entre grupos terroristas colombianos y estructuras del Medio Oriente, como Hezbolá y Al Qaeda.

El tráfico internacional de drogas y armas sigue amenazando la seguridad regional, y la inserción de tecnologías financieras como las criptomonedas ha complejizado el rastreo de estos delitos. La experiencia también ha puesto en cuestión la efectividad de los procesos de paz frente a organizaciones que mantienen activos sus vínculos con redes criminales globales. Ante este panorama, los retos para autoridades colombianas e internacionales parecen multiplicarse, pues desmantelar estos engranajes ilícitos implica cooperación multinacional, investigación financiera y una vigilancia constante sobre los actores implicados.

¿Qué es la Lista Clinton y por qué Hezbolá y sus aliados aparecen en ella?

La Lista Clinton, oficialmente denominada Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List, por sus siglas en inglés), es una herramienta creada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar y sancionar a individuos, entidades y organizaciones relacionadas con actividades de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. Estar incluido en esta lista supone la congelación de los activos en territorio estadounidense, la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos o empresas de ese país y la imposición de sanciones económicas y legales adicionales.

En el contexto de los grupos terroristas y narcotraficantes mencionados por El Colombiano, figuras como Ayman Saied Joumaa, supuesto jefe financiero de Hezbolá en América Latina, fueron incorporadas a esta lista por presuntos nexos con redes de lavado de dinero que facilitaban el tráfico internacional de drogas. La mención en la Lista Clinton implica aislamiento financiero global y alerta a autoridades de distintos países, dificultando la operatividad económica de estas estructuras internacionales.