Monja japonesa habría facilitado abusos sexuales de sacerdotes a niños sordos

La Fiscalía argentina imputó a Kosaka Kumiko, católica de origen japonés, por su presunta implicación en el caso que ya deja 6 detenidos.

Las víctimas eran menores del colegio religioso Antonio Próvolo, un instituto para sordomudos en la localidad Luján de Cuyo, provincia argentina de Mendoza, describe Clarín.

Tras permanecer un mes prófuga, la religiosa se entregó hace tres días en Buenos Aires y, ya detenida, fue trasladada a Mendoza, donde este jueves declaró ante el fiscal, quien le imputó los cargos de “comisión por omisión” del delito de abuso sexual con “acceso carnal gravemente ultrajante agravado”.

“No hubo preguntas por parte de Fiscalía ni la querella. Ella testimonió su versión. Negó los hechos y dijo que estaba para servir, hacer el bien y cuidar a los niños”, dijeron fuentes a sobre la comparecencia de la monja, que posteriormente fue trasladada a la penitenciaría de Agua de Avispas, cercana a la cárcel de Almafuerte.

Los otros arrestados son dos sacerdotes -el octogenario Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, de en torno a 55 años- y tres empleados del instituto.

En esta causa, destapada a finales de 2016, una adolescente, que actualmente tiene 17 años, acusó a la monja y dijo haber sufrido abusos de parte de Corbacho cuando tenía 5 años.

La víctima apuntó en su testimonio, en lenguaje de señas, a una monja con “rasgos achinados en el ojo” sobre la que dijo que “fue quien le puso el pañal tras la violación que sufrió ocultando y teniendo conocimiento que había sido violada, lo cual la hace cómplice primario del delito del abuso”.

Es por esta razón que la imputación se realiza por “omisión”, ya que, aunque no participó en los abusos directamente, sí colaboró por ocultarlos.

Kosaka Kumiko llegó al Próvolo en 2007 y permaneció allí varios años, tras los que pasó por otros centros religiosos.

En diversos allanamientos realizados en ese instituto se encontraron vídeos que contienen supuestamente pornografía y 550.000 pesos argentinos (unos 100 millones de pesos colombianos).

Los casos conmocionaron a la comunidad educativa y movieron a las autoridades educativas provinciales a tomar medidas en el instituto.

En diciembre pasado, el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, expresó su dolor por “el daño hecho a las víctimas” y aseguró que su archidiócesis nunca fue notificada de antecedentes penales que pesaran sobre los sacerdotes imputados ni de denuncias sobre en el instituto, algo que remarcó, de haber tenido conocimiento, hubieran “actuado inmediatamente”.

Con información de: EFE