¿Cómo queda la situación de hondureños y nicaragüenses tras fallo judicial que permite anular el TPS?

Una corte de apelaciones de Estados Unidos permitió al Departamento de Seguridad Nacional dar por terminada la protección contra la deportación otorgada por el TPS a 89.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La decisión revierte la medida de bloqueo de un tribunal federal de San Francisco, que había suspendido la cancelación en diciembre de 2025. También invalida los permisos de trabajo y deja a los afectados susceptibles a deportaciones mientras avanza el proceso de apelación.

Hondureños, nicaragüenses y nepalíes en Estados Unidos se arriesgan a correr la misma suerte de venezolanos, cameruneses, somalíes y afganos antes que ellos: quedar expuestos a la deportación mientras avanza un juicio de apelación sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protegía.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito levantó el 9 de febrero la decisión de una corte federal de San Francisco, que había pausado la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de poner fin al TPS que amparaba a 89.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El TPS es una medida provisional de carácter humanitario que se emite para proteger de expulsión a nacionales de países que han pasado por circunstancias catastróficas como guerras o desastres naturales, en el entendido de que no es seguro regresar a sus lugares de origen.

No abre la vía a residencia permanente, como sucede en el caso del asilo, pero otorga permisos para trabajar legalmente en Estados Unidos durante el tiempo de duración del TPS, que solía ser renovado automáticamente cada seis, 12 o 18 meses, hasta que el segundo gobierno de Donald Trump comenzó a dar por terminada la validez.

Con esta medida, el DHS puede, por una parte, cancelar los permisos de trabajo, con lo que los afectados perderán sus empleos, y por otra, proceder a la deportación, mientras avanza el juicio en la corte de apelaciones.

La jueza federal Trina Thompson de San Francisco había puesto en pausa la decisión de revocar el estatus de protección para estos migrantes, argumentando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no había considerado adecuadamente la situación de los países en cuestión antes de dictar la terminación del TPS.

Thompson también cuestionó que Noem había dictado la medida impulsada por una animosidad racial, citando sus constantes referencias a los migrantes de determinados orígenes como criminales.

“Estas declaraciones reflejan un estereotipo de los inmigrantes protegidos bajo el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”, analizó la jueza en su escrito.

Sin embargo, los tres jueces de la Corte de Apelaciones votaron de manera unánime por permitir a Noem la terminación del TPS, considerando que “el Gobierno probablemente puede demostrar que el expediente administrativo respalda adecuadamente la acción de la secretaria (Noem)”.

El panel, cuyos miembros fueron designados uno por Trump, otra por George W. Bush y otro más por Bill Clinton, estimó que el DHS no estaba obligado a considerar “las condiciones del país interviniente que surjan tras los eventos que llevaron a la designación inicial del TPS”.

Además, apuntó que su resolución tomaba en cuenta decisiones anteriores de la Suprema Corte, que suspendió los mandatos de tribunales inferiores que ponían en pausa la cancelación del TPS.

Este fue el caso del estatus protegido para los venezolanos, que amparaba a unas 600.000 personas de esta nacionalidad, en el que fue precisamente la máxima instancia judicial la que permitió la terminación mientras avanzaba el juicio en una corte de apelaciones.

La secretaria Noem celebró en sus redes sociales la decisión: “El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos acertadamente concluyendo lo que se pretendía que fuera una designación temporal”.

Leer tambiénJueza estadounidense impide revocar el sistema de protección de los migrantes haitianos

Una lista cada vez más larga

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha ordenado la terminación de los TPS que amparaban a personas de 13 nacionalidades.

De ellas, cuatro ya han entrado en vigencia: las que involucran a venezolanos, afganos, cameruneses y somalíes, y el 13 de febrero se suma también la de Etiopía. Ahora se hace efectiva también la cancelación para nicaragüenses, hondureños y nepalíes.

Una jueza federal de Washington bloqueó el 2 de febrero la revocación del estatus que ampara a 350.000 haitianos, argumentando que “parece bastante probable” la alegación del bufete que representó a los demandantes de que la secretaria Noem actuó animada “por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, respondió que “el TPS de Haití fue concedido tras un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años”, ignorando que después del de 2010 se produjo otro devastador terremoto en 2021, además de tormentas tropicales y una crisis de violencia criminal que ha desplazado a casi millón y medio de personas de sectores controlados por bandas.

Órdenes judiciales mantienen pausada la terminación del TPS de ciudadanos de Myanmar, Siria y Sudán del Sur.

Entre marzo y octubre de este año, expiran también los amparos provisionales que protegen a migrantes de Yemen, Líbano, El Salvador, Sudán y Ucrania.

A pesar del argumento habitual del DHS de que la situación interna en los países involucrados ha mejorado lo suficiente como para que el retorno sea seguro, Estados Unidos mantiene advertencias a sus ciudadanos de no viajar a 10 de los 13 con TPS revocado.

Leer tambiénEntre la clandestinidad y el retorno: 250.000 venezolanos pierden la protección migratoria en EE. UU.

Ciudadanos bajo “estricta auditoría federal”

La cancillería de Honduras emitió este 10 de febrero un comunicado en el que lamentó “que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal”.

El documento reconoció que el mandato de la Corte de Apelaciones es “una instancia procesal más que ha sido agotada”, pero no puede ser considerada aún “sentencia definitiva”, pues se trata de un “litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema”.

El Gobierno de Nasry Asfura consideró en su comunicado que los ciudadanos amparados por la protección (popularmente conocidos como tepesianos) se han sometido durante los años de vigencia de la medida a suficiente escrutinio para no ser caracterizados como un peligro para Estados Unidos.

“Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable”, señala el documento.

Asfura se reunió el 7 de febrero con Trump y en esa oportunidad aseguró que habían abordado el tema del TPS, afirmando que “quedamos de hacer una revisión de todas las leyes y del trabajo que debemos hacer para Honduras”.

Cerca de 1,8 millones de hondureños viven en Estados Unidos, cerca de 72.000 amparados por TPS y un número indeterminado sin documentación legal.

En el caso de los nicaragüenses, la perspectiva del retorno es aún más espinosa, porque el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dejado en condición de apátridas a cientos de nacionales a los que considera opositores, y a quienes niega documentos de identificación.

Leer tambiénTrump vs. los somalíes, segundo asalto: se revoca el TPS y la ciudadanía queda bajo amenaza

Con Reuters, EFE y medios locales