Maduro desafía a EE.UU.: Garantiza contratos petroleros con Chevron pese a sanciones y amenazas en el Caribe

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reafirmó el compromiso de su Gobierno con los contratos petroleros firmados con la empresa estadounidense Chevron, asegurando que estos se cumplirán "llueva, truene o relampaguee". Esta declaración fue pronunciada tan solo un día después de que se anunciara oficialmente la salida del buque Canopus Voyager, propiedad de Chevron, cargado de crudo venezolano y navegando hacia Estados Unidos. El contexto de la declaración adquiere mayor importancia debido a las crecientes tensiones con la administración de Donald Trump, quien mantiene una postura de presión sostenida sobre el Gobierno venezolano, especialmente tras la reciente confiscación de dos buques petroleros en aguas del mar Caribe y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la región.

En un evento gubernamental transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro insistió en la seriedad y dignidad de su gobierno frente a los compromisos internacionales, enfatizando que, aunque existen conflictos momentáneos con la administración estadounidense, los acuerdos con Chevron se respetan rigurosamente. Según el mandatario venezolano, esta relación contractual se fundamenta en la Constitución y las leyes nacionales, y mantiene plenamente su vigencia a pesar de las adversidades políticas y diplomáticas.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela ha cobrado intensidad en los últimos meses, particularmente debido a las acusaciones de la administración de Trump sobre la apropiación venezolana de petróleo que "pertenece a Estados Unidos" y su objetivo de bloquear la salida de crudo mediante la sanción e incautación de embarcaciones. Así lo manifestó el propio presidente estadounidense recientemente, agregando tensión a una dinámica marcada por bloqueos y sanciones dirigidas a cortar los ingresos petroleros del gobierno de Caracas, que, según denuncias venezolanas, busca un “cambio de régimen”.

En este contexto, Chevron continúa operando en Venezuela debido a una licencia especial que le permite mantener sus actividades a pesar de las restricciones impuestas por Washington. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, confirmó el despacho del Canopus Voyager “en estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos”, subrayando la voluntad oficial de garantizar los contratos energéticos internacionales incluso bajo estrictas medidas de presión.

Asimismo, la incautación del buque Skipper por parte de Estados Unidos y la retención de su cargamento de crudo venezolano reflejan la estrategia estadounidense para intensificar el control sobre la salida de petróleo del país suramericano. Episodios como la interceptación de tanqueros acusados de ser parte de la llamada “flota fantasma” venezolana denotan hasta qué punto las medidas coercitivas buscan restringir el flujo petrolero y presionar a la administración de Maduro, quien en respuesta insiste en su derecho soberano sobre los recursos energéticos nacionales.

Mientras tanto, desde el gobierno venezolano se denuncia que estas acciones responden a un interés estadounidense por intervenir en la política interna venezolana y apropiarse de las riquezas petroleras del país. Tanto el contexto regional como los movimientos estratégicos de las principales potencias mantienen así el tema energético y la soberanía nacional en el centro de la disputa.

¿Qué implica la “licencia especial” de Chevron para operar en Venezuela?

Esta pregunta surge porque, en medio de un escenario internacional de bloqueos y sanciones, la continuidad de operaciones de Chevron en Venezuela capta la atención de observadores y analistas. La “licencia especial” otorgada permite que la compañía estadounidense mantenga sus actividades en el país sudamericano, pese a las restricciones generales impuestas por la administración Trump hacia el resto del sector petrolero venezolano.

La relevancia de esta cuestión radica en que la excepción a favor de Chevron representa una vía de ingresos crucial para Venezuela y, al mismo tiempo, evidencia las complejidades de la política energética global. Aun en un contexto de sanciones severas, ciertos actores mantienen vínculos económicos formales que trascienden las disputas diplomáticas y militares en el Caribe.