¿Qué pasará con las violaciones de derechos humanos y otros crímenes que se atribuyen a Maduro?

Nicolás Maduro comparecerá ante un tribunal federal de Manhattan para responder a imputaciones por conspiración narcoterrorista. Sin embargo, mientras permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una misión de la ONU pide que en el proceso no se dejen de lado otros delitos que ha documentado como violaciones de derechos humanos. Especialistas estiman que los dos procesos irán en paralelo y con posibles desenlaces diferentes.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes 5 de enero por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan diversos cargos por narcotráfico y corrupción, entre otros, en línea con las acusaciones que Donald Trump ha impulsado en los últimos meses.

El mandatario está acusado de cuatro cargos federales relacionados con narcotráfico y Flores se enfrenta a imputaciones relativas a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a una estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En paralelo a esos cargos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, aprobada por la ONU para investigar el accionar de la administración del país latinoamericano, subrayó la necesidad de “garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno”.

Rafael Arturo Prieto Sanjuan, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, distinguió en diálogo con France 24 la instancia judicial en Estados Unidos y las investigaciones en el marco de Naciones Unidas.

“Son dos planos diferentes: uno es el orden unilateral; es una acción de Estados Unidos que le imputa cargos a Maduro y a su esposa de acuerdo con las leyes de su ordenamiento jurídico. El otro plano es el multilateral, en el marco de las Naciones Unidas, con una comisión especial, como órgano subsidiario creado por algunos de los órganos principales de Naciones Unidas”, explicó Prieto.

El especialista advirtió que “esto no quiere decir que esas instancias no vayan a interactuar en algún momento, pero la acción de Estados Unidos hasta ahora es de orden unilateral y la de la ONU es de carácter más institucional, con base en la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó.

Daniela González Iza, directora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, también dijo a France 24 que se trata de dos procesos “paralelos”.

“Los cargos que se le imputan a Maduro son de acuerdo a las leyes estadounidenses, pero hay todo un proceso paralelo de denuncias y de investigaciones que han hecho tanto instancias internacionales como sociales sobre lo que se consideran crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad”, apuntó González Iza.

“De hecho, dentro de la ONU, en el año 2019 se hizo precisamente este mecanismo de investigación para Venezuela, por parte del Consejo de Derechos Humanos, que tenía por finalidad investigar estos crímenes”, recordó.

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El procesamiento de Maduro en Estados Unidos

El cara a cara de Maduro con los tribunales estadounidenses se producirá este lunes 5 de enero, luego de que la segunda administración de Trump impulsara una intervención militar en Venezuela el sábado 3 de enero en la madrugada para detenerlo en Caracas. 

El inédito operativo continuó con el traslado del mandatario venezolano a Nueva York, donde permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad.

El mismo sábado que fueron detenidos Maduro y su esposa, el tribunal hizo pública una acusación presentada por la Fiscalía que amplía una imputación que data del año 2020, en la que ya figuraban cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos.

Ahora se lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

“Es evidente que se pueden añadir otros cargos, en particular con base en una ley estadounidense, la Tercera Ley de Extranjería, que se refiere precisamente a violaciones graves, tortura y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero. Eso también podría incluirse. Cuando hablamos de actos delictivos, uno pensaría que el alcance es mucho más amplio y quizás por eso las Naciones Unidas dicen: ‘Recuerden también estos actos’”, aseveró Prieto Sanjuan. 

Los cargos sobre narcotráfico avanzaron pese a que Trump modificó su narrativa. Desde septiembre la administración estadounidense ha sostenido que los ataques contra embarcaciones en las costas cercanas a Venezuela buscan detener las rutas de distribución de drogas hacia su país, y ha justificado la búsqueda de capturar a Maduro en su supuesto liderazgo del llamado Cartel de los Soles.

Sin embargo, el sábado, luego de detenerlo, Trump aseguró que Washington busca recuperar de Venezuela el petróleo que, desde su perspectiva, le fue “robado” a Estados Unidos.

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Las otras acusaciones contra Maduro

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, aprobada por la ONU, investigó la presunta comisión de delitos relativos a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

“Este mecanismo se ha renovado ya tres veces desde el 2019. En su octavo informe, así como en el más reciente, que se publicó justamente en los últimos meses del 2025 a partir de entrevistas y de recopilación de información de asociaciones civiles, se da cuenta de un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de uso de violencia, de tortura y represión política, en un contexto de plena impunidad”, comentó González Iza.

Y si bien aclaró que dicho mecanismo “no es una instancia judicial como tal”, aseguró que “toda la información que se recaba puede ser muy importante precisamente para otros procesos judiciales que sí están abiertos a nivel internacional, como puede ser el proceso ante la Corte Penal Internacional” (CPI).

El profesor de la Pontificia Universidad Javeriana explicó que la Corte Penal Internacional está estudiando la situación en el país, pero “todavía no hay cargos” formalmente imputados. De todos modos, aclaró que “podría presentarse una solicitud” en ese sentido. 

Cabe aclarar que Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma por el que se rige la CPI, pero sí del Consejo de Seguridad. Esta instancia está facultada para presentar casos ante la CPI, pero Prieto Sanjuan consideró que “este es otro escenario”, que ve “políticamente con cierta dificultad, ya que Estados Unidos quiere ejercer su jurisdicción nacional”.

Los especialistas también señalaron que existe una “parálisis” que atraviesan instancias multilaterales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -donde no pasan resoluciones que vayan en contra de intereses de las potencias que tienen poder de veto- y otros mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

En tanto, en un comunicado, la misión ad hoc de la ONU alertó del “riesgo” de “nuevas y graves violaciones de derechos humanos” en los próximos días y semanas, a la vez que subrayó la necesidad de “garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos (en Venezuela) por su gobierno”.

En el documento, afirmaron que “estas violaciones, ampliamente documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos, incluyen ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida”.

Por eso, la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, instó a mantener el foco en “las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana”.

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