Primer macrojuicio contra Mara Salvatrucha: ¿por qué es clave en plena cruzada de Bukele contra las pandillas?

Más de 480 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha responden por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, en una única audiencia masiva. Se trata del enjuiciamiento más numeroso contra cabecillas de bandas criminales bajo el reformado sistema judicial del gobierno de Nayib Bukele, acusado por algunas organizaciones de violar el debido proceso y derechos constitucionales.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) llevó “por primera vez” a un juicio masivo a “las estructuras de mando” de la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS-13), el lunes 20 de abril, después de que la implementación de una cadena de reformas al código penal permitieran la figura de las macroaudiencias desde finales de 2025. 

La FGR informó en redes sociales del comienzo del juicio con fotos en las que se aprecían escuadras de reos encadenados de pies y manos, uniformados de blanco, rapados y con cubrebocas, mientras seguían desde el interior de la cárcel el curso de la audiencia.

Los 486 integrantes de la MS-13 deberán responder por cargos de homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas.

Además, fueron imputados por rebelión, “al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional”, señala el escrito de la FGR.

La Fiscalía señaló que los responsables de la violencia de entonces, a quienes acusa de “asesinar a 86 víctimas” solo en marzo de 2022, fueron acusados en la macroaudiencia del lunes.

El ente acusador indicó además que entre los imputados hay “413 que ya guardan prisión en el Cecot“, el Centro de Confinamiento del Terrorismo que ha trascendido como un símbolo de la cuestionada guerra contra las pandillas.

Asimismo, la Fiscalía expidió órdenes de captura para “73 sujetos” que están siendo procesados en calidad de ausentes.

El Ministerio Público no detalló si los procesados fueron capturados durante el régimen de excepción, ni el tiempo que durará el proceso judicial.

Eso sí, se mostró confiado en que el “amplio respaldo de pruebas contundentes, permitirá la imposición de penas máximas a cada uno de los imputados”.

Los medios de comunicación no fueron autorizados para ingresar a la macroaudiencia.

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¿Bajo qué normativas es posible el macrojuicio en El Salvador?

Este tipo de juicios masivos son posibles en El Salvador debido a múltiples reformas al código penal impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele desde 2022, después de que el país registrara cifras récord de inseguridad.

Los cimientos del andamiaje jurídico para procesar masivamente a pandilleros en El Salvador están en la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, aprobada hace dos décadas.

En un país golpeado históricamente por la presencia de estas bandas criminales, la regulación impulsó la creación de tribunales especializados y procedimientos ágiles para juzgar a estructuras delictivas complejas, que la ley define como grupos organizados, jerárquicos, con capacidad de incorporar nuevos miembros y operar de forma transnacional.

Sin embargo, tras la instauración del régimen de excepción, la Ley contra el Crimen Organizado ha sufrido múltiples reformas y disposiciones transitorias.

En 2022, por ejemplo, se modificó para ampliar el uso del “criterio de oportunidad” en favor de miembros de estructuras criminales que colaboraran con la Fiscalía, lo que abrió la puerta a procesos abreviados y rebajas significativas de penas para los pandilleros que delataran a otros integrantes.

En julio de 2023, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó un paquete de cambios que elevó las penas contra líderes de pandillas, creó la figura de “colaboradores” para operaciones encubiertas e impuso a los jueces la obligación de aceptar declaraciones anticipadas de testigos, víctimas o peritos cuando la Fiscalía lo solicite –lo que reduce la posibilidad real de contradicción y defensa de los acusados–.

Paralelamente, se habilitó a la Fiscalía para agrupar en un solo proceso judicial a multiples imputados bajo el régimen de excepción, siempre que compartieran criterios de estructura, denominación, funcionamiento y territorio.

Una reforma de agosto de 2025 consolidó este esquema con la creación formal de la figura de “Audiencia Única Abierta” por estructura delictiva, lo que el Gobierno y la Fiscalía llaman hoy “macroaudiencia”.

Una pecularidad de esta figura es que “permanece abierta mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar”, lo que permite a un juez cerrar y reabrir la causa las veces que considere necesarias en un plazo de hasta dos años.

Tras la entada en vigor de esta medida a finales de 2025, El Salvador ha asistido a audiencias con 58, 135, 163 o más acusados por causa.

En una audiencia masiva virtual de febrero de 2024, fueron procesados 492 líderes y miembros de MS‑13 por más de 37.000 delitos.

Aunque similares en número de imputados, la macroaudiencia del lunes ha merecido atención especial al estar centrada en juzgar a la cúpula histórica de la MS-13, que habría dirigido la estrategia criminal en la última década.

¿Puede el megajuicio marcar el futuro de la seguridad en El Salvador?

Este juicio masivo marca un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno para enfrentar la violencia de las pandillas en el país. La situación en El Salvador ha experimentado una transformación profunda desde que el presidente Nayib Bukele instauró en 2022 un régimen de excepción con el objetivo de desarticular a grupos como la MS-13 y Barrio 18. A partir de entonces, las autoridades impulsaron una ofensiva sin precedentes basada en detenciones masivas, procesos judiciales colectivos y el despliegue de fuerzas militares en comunidades históricamente dominadas por estas estructuras criminales.

El impacto más evidente ha sido una reducción histórica en los homicidios y en delitos como la extorsión, lo que ha debilitado de forma considerable la presencia territorial de las pandillas. Muchos de sus integrantes han optado por ocultarse, abandonar sus zonas de influencia o incluso salir del país. No obstante, reportes de inteligencia advierten que estas organizaciones no han sido erradicadas por completo: aún conservan células residuales, redes de apoyo y cierta capacidad de reorganización, aunque significativamente reducida.

Este panorama de mayor seguridad convive, sin embargo, con una creciente controversia internacional. Diversos organismos de derechos humanos y medios de comunicación han denunciado detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y presuntos abusos dentro del sistema penitenciario, donde se han reportado cientos de muertes bajo custodia y miles de denuncias por vulneraciones a derechos fundamentales.

A ello se suman reformas legales recientes —como la posibilidad de imponer cadena perpetua incluso a menores de edad— que reflejan un endurecimiento progresivo del modelo de seguridad y alimentan las críticas por una posible deriva autoritaria. En este contexto, El Salvador vive una paradoja: se ha convertido en uno de los países con menores niveles de violencia visible en la región, pero bajo un régimen de excepción prolongado que mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre seguridad y Estado de derecho.

Críticas a un “modelo represivo”

El Salvador consolidó en 2025 un “modelo represivo” en tema de seguridad, marcado por detenciones “masivas y arbitrarias”, denunció Amnistía Internacional el lunes 20 de abril, mientras los más de 480 presuntos pandilleros eran juzgados masivamente.

El informe de la ONG sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, habla de “denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas” dentro de las prisiones salvadoreñas, un país en el que más de 90.000 personas han sido apresadas desde el inicio del régimen de excepción.

Amnistía Internacional reportó 470 muertes bajo custodia al cierre de 2025 con “causas relacionadas con tortura, negación injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres”.

Human Rights Watch también ha recogido testimonios de tortura y otros abusos contra presos en El Salvador, incluso contra los deportados desde Estados Unidos, tras el acuerdo bilateral firmado con la Casa Blanca.

Aún más: entre los derechos constitucionales suprimidos por Bukele para aceitar su maquinaría de enjuiciamiento está el derecho a la defensa, lo que ha derivado en que muchos de los acusados no hayan podido tener contacto con su abogado.

No obstante, las críticas al modelo de seguridad de Bukele no han impedido que la popularidad del Gobierno se haya disparado al albor del régimen de excepción. Esta situación le permitió el presidente buscar su reelección inmediata a pesar de que lo prohibía la Constitución, en un país que parece cambiar votos por encarcelamientos.

Con EFE y medios locales