Embajadora de EE.UU. llega a Venezuela: ¿inicio de reconciliación y fin de 27 años de chavismo?

El arribo de Laura Dogu como nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 31 de enero, marcó un importante capítulo en la compleja relación bilateral, según destacó Noticias Caracol. La entrada de Dogu se da en un momento en que, tras la abrupta ruptura de lazos en 2019 ordenada por Nicolás Maduro, ambos países buscan establecer un diálogo gradual y constructivo. La ruptura anterior tuvo origen en la negativa del gobierno estadounidense a reconocer la primera reelección de Maduro, así como en el respaldo a un intento opositor de instalar un “gobierno paralelo” liderado por Juan Guaidó. Todo esto desencadenó respuestas como la imposición de un embargo petrolero y la aplicación de sanciones económicas impulsadas durante la presidencia de Donald Trump, junto con la entrega de bienes y empresas venezolanas en el extranjero a manos de Guaidó.

La llegada de Laura Dogu se produce en una coyuntura de transición, en la que Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, en una operación que incluyó bombardeos en Caracas. Rodríguez, al mando, anunció un cambio en el histórico tono hostil hacia Estados Unidos, incluyendo concesiones clave: la apertura hacia inversiones en el sector petrolero, la declaración de una amnistía general y la clausura de la polémica cárcel de El Helicoide, denunciada por múltiples organizaciones y líderes opositores como un centro de tortura.

El papel de la embajadora Dogu, aunque oficialmente será como encargada de negocios, incluye liderar un ambicioso plan en tres fases propuesto por Estados Unidos: estabilización, recuperación y transición democrática, según declaraciones de Marco Rubio. La diplomática manifestó su disposición a trabajar con diferentes actores venezolanos, entre ellos el sector público, privado y la sociedad civil. No obstante, no se ha confirmado la duración de su estancia ni los detalles de su agenda.

Durante los primeros encuentros entre Dogu y el canciller venezolano, Yván Gil, se estableció la ruta de una agenda enmarcada en la diplomacia y en el respeto al derecho internacional. Gil aseguró que las diferencias entre ambas naciones serán discutidas y resueltas por vías diplomáticas, reflejando un interés compartido en estabilizar la relación.

Desde el regreso de Trump a la presidencia en 2025 y la consiguiente captura de Maduro y su esposa, la política adoptada por Delcy Rodríguez ha reforzado los nexos con Washington. Rodríguez, que ha mantenido contacto directo tanto con Trump como con el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido elogiada por su apertura. Uno de los avances más significativos es la reforma petrolera orientada a atraer inversión estadounidense y la reanudación de vuelos comerciales, suspendidos desde 2019.

Paralelamente, la amnistía general anunciada por Rodríguez aborda los 27 años del chavismo y busca reunificar a la sociedad venezolana. Sin embargo, la medida es recibida con cautela por familiares de presos políticos, quienes insisten en que tales anuncios no sean solo promesas vacías. Según la ONG Foro Penal, Venezuela cuenta actualmente con poco más de 700 presos políticos, muchos recluidos en el ya clausurado El Helicoide, que ahora se convertirá en un centro social y cultural.

En este contexto, la reapertura diplomática eleva expectativas sobre una posible transformación institucional, incluyendo el pedido de Rodríguez por un nuevo sistema de justicia. El proceso, sin embargo, será monitoreado tanto por actores internos como internacionales, atentos a la autenticidad y sostenibilidad de los cambios.

¿Qué impacto puede tener la promesa de una amnistía general en la reconciliación política dentro de Venezuela?

La reciente disposición de Delcy Rodríguez de conceder una amnistía general para quienes estuvieron involucrados en procesos durante el chavismo puede representar un paso clave hacia la reconciliación social y política. El anuncio, sin embargo, genera incertidumbre entre quienes han sufrido persecución política, especialmente familiares de los más de 700 presos políticos registrados por la ONG Foro Penal. Su preocupación radica en que la amnistía no se traduzca en acción efectiva y se quede en el plano de los discursos.

Este proceso cobra mayor interés considerando las históricas divisiones en el país y el papel central que los juicios y encarcelamientos han tenido en la dinámica de poder. Si se implementa de manera transparente y contundente, la amnistía puede facilitar un clima de apertura y confianza. En contraste, su incumplimiento podría profundizar las heridas y aumentar el escepticismo dentro de la población venezolana.