"Si haces un trabajo que perjudica a la imagen institucional, ya no eres apto", denuncia periodista de Ecuador

En un día ya marcado por la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande del país, por tráfico de combustible, fraude fiscal y blanqueo de capitales, la atención de los periodistas se centró en la decisión del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de censurar a los medios de comunicación y a los periodistas negando la acreditación a los menos valorados, los más incómodos para el poder. El primero de la lista es Paul Romero de la cadena TV Ecuavisa con el que pudo conversar nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson.

La existencia de listas negras se hizo pública el pasado 26 de enero. Invitado a cubrir el 31º aniversario de la Guerra del Cenepa contra Perú, Paúl Romero fue bloqueado por cuatro oficiales en una pista de aviación de la región amazónica.

“Me explicaron que tengo prohibido acercarme al ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Armadas porque probablemente les voy a preguntar datos e información de unos reportajes que había publicado días atrás”, explica el periodista refiriéndose a un reportaje sobre una presunta compra dudosa de radares por valor de 24 millones de dólares por parte del Ejército del Aire.  

Dos días después, unos documentos demuestran que se trata efectivamente de una política oficial. Las oficinas de relaciones públicas deben evaluar y calificar a los medios de comunicación y a los periodistas para saber quiénes serán acreditados y quiénes censurados.

“Existe un blindaje de la información por parte del gobierno. Imagínate el nivel de peligro en esa matriz del Ministerio de Defensa que te califican sobre 100 puntos. Si tú haces un trabajo que perjudique la imagen institucional, ya no eres apto. Estamos ante una violación evidente del derecho a la información”, agrega Romero.

Las Fuerzas Armadas han indicado que tienen derecho a evaluar a los periodistas en estos tiempos de conflicto armado interno, olvidando un poco rápido que no están por encima de la ley, que gastan dinero público y que los periodistas, todos los periodistas, tienen derecho a investigar.