Receso clave en el juicio Odebrecht: pruebas internacionales y exmandatarios en la mira en Panamá

El juicio relacionado con el pago de sobornos de Odebrecht representa el caso de corrupción más relevante en la historia reciente de Panamá. El proceso, que comenzó con cerca de veinte personas imputadas, fue suspendido hasta la semana siguiente para que la defensa tuviera la oportunidad de examinar exhaustivamente todas las pruebas aportadas por la Fiscalía, incluyendo documentación proporcionada por autoridades estadounidenses. La audiencia, que había sido pospuesta en al menos seis ocasiones desde 2023, inició finalmente con figuras prominentes como el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que actualmente se encuentra asilado en Colombia y participó de manera virtual, así como con varios exministros de su administración.

Durante la primera sesión del juicio, todos los acusados que estuvieron presentes negaron ser responsables del delito de blanqueo de capitales, el cual les fue imputado a partir de una resolución judicial fechada el 7 de noviembre de 2022. La investigación inicial entorno al caso Odebrecht en Panamá data del año 2015, pero fue archivada, para luego ser reabierta dos años después; esta reactivación respondió a la confesión de la constructora brasileña en Estados Unidos, en la que aseguró haber realizado pagos por 788 millones de dólares en sobornos en varios países, incluido Panamá. El trabajo de recolección probatoria concluyó en octubre de 2018, con un cúmulo significativo de información sobre los flujos ilegales de capitales y su destino.

La jueza adjunta ad honorem del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez, decretó un receso hasta el próximo miércoles, como informara el Órgano Judicial de Panamá. Este periodo permitirá que tanto los abogados de la parte acusadora como los de la defensa revisen y comparen el contenido digital de las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público (MP) con documentos físicos presentados como pruebas extraordinarias durante la audiencia. Esta pausa es fundamental para asegurar la transparencia del proceso judicial y que todas las partes tengan pleno acceso a la información relevante.

Al retomar la audiencia, se procederá a la presentación de objeciones por parte de la defensa y la querella sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía, y viceversa. Entre las pruebas destacadas figura la “prueba extraordinaria número 9,” compuesta por 44 tomos, traducidos en su totalidad, que fueron remitidos desde Estados Unidos en respuesta a una solicitud de asistencia judicial internacional hecha en 2017. Además, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, resaltó la importancia de documentos provenientes también de Perú, Antigua y Barbuda, y Andorra, países que han colaborado como parte de las asistencias judiciales internacionales solicitadas en el curso de la investigación.

La Procuraduría de la Nación informó que, en el marco de este proceso, el Estado panameño ha recuperado 74 millones de dólares en pagos efectuados por Odebrecht, así como más de 10 millones en virtud de acuerdos de colaboración. La propia empresa admitió que entregó sobornos por más de 80 millones de dólares a funcionarios públicos y particulares panameños, según confesó André Rabello, quien dirigiera las operaciones de la constructora en el país.

¿Por qué la colaboración internacional fue clave en el caso Odebrecht en Panamá?

Uno de los aspectos que más resalta en la investigación del caso Odebrecht en Panamá es la relevancia que adquirieron las asistencias judiciales internacionales. La documentación, traducida y remitida desde Estados Unidos, así como información proveniente de países como Perú, Antigua y Barbuda, y Andorra, permitió reforzar las pruebas y facilitar la instrucción de cargos de blanqueo de capitales.

Este intercambio de información resulta vital en delitos de corrupción trasnacional, donde el flujo de dinero ilícito cruza diversas jurisdicciones y dificulta su rastreo localmente. La cooperación internacional otorga a los órganos judiciales de Panamá acceso a evidencias imposibles de obtener solo con recursos internos, contribuyendo así al fortalecimiento de la lucha anticorrupción.