Comenzó en Brasil el juicio contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco

Dos políticos, un funcionario público y dos expolicías delatados por los asesinos confesos y convictos de la concejal de Río de Janeiro comparecen desde este 24 de febrero ante el Tribunal Supremo de Brasil, para determinar su responsabilidad en un crimen que conmocionó al país y reveló los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Franco fue acribillada hace casi ocho años y la resolución de su caso fue tardía durante la Administración del expresidente Jair Bolsonaro.

Cinco acusados de planificar y ordenar el asesinato de la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco en marzo de 2018 responden a partir de este 24 de febrero ante la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil, con el poderoso magistrado Alexandre de Moraes como juez instructor.

Franco fue acribillada el 14 de marzo de 2018 cuando regresaba de un acto político en el centro de Río de Janeiro, mientras se desplazaba junto a su chofer, Anderson Gomes, que también murió en el atentado, y su asesora Fernanda Chaves, quien sobrevivió.

Tenía 38 años y se había convertido en una poderosa voz en la denuncia contra las milicias en la ciudad carioca, bandas paramilitares integradas en su mayoría por expolicías y elementos con experiencia en seguridad.

Estos grupos se integraron originalmente en los años 80 para defender a los habitantes de las favelas de las pandillas de narcotraficantes, pero con el tiempo comenzaron a tener cada vez más participación en negocios inmobiliarios irregulares, beneficiándose de la confiscación ilegal de tierras.

Precisamente su oposición a este tipo de negocios terminó costándole la vida a Franco, una mujer afrodescendiente, lesbiana, nacida en una favela de Río de Janeiro y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la que expertos de la ONU definieron como “víctima de discriminación interseccional”.

Un comunicado firmado el 23 de febrero por 16 especialistas independientes de las Naciones Unidas, relatores especiales y voceros de grupos de trabajo, exigió que “la justicia plena prevalezca” en el caso de Franco.

“Era una defensora de los derechos humanos que se manifestaba contra el racismo sistemático, la discriminación estructural y la brutalidad policial en Brasil. Ella era víctima de discriminación interseccional, específicamente la intersección entre racismo, clasismo, misoginia y prejuicio con base en la orientación sexual”, señala el comunicado.

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¿Quiénes están en el banquillo?

Los principales señalados como instigadores del crimen son los hermanos Brazão: João ‘Chiquinho’, un exdiputado federal, y Domingos Brazâo, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro (una especie de organismo independiente de auditoría del gasto público, que funciona como asesor del poder legislativo).

‘Chiquinho’ es la razón por la que el juicio tendrá lugar en el Tribunal Supremo y no en una corte ordinaria, pues todavía estaba amparado por el fuero legislativo cuando fue detenido en 2024.

Un año después, perdió la condición de diputado, cuando la directiva de la Cámara Baja lo despojó de su escaño por “no comparecer” a las sesiones.

Ambos fueron identificados como autores intelectuales por Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, los perpetradores, dos expolicías militares que fueron sentenciados a 78 años y 59 años de cárcel, respectivamente, por el crimen de Franco y Gomes, y se acogieron a un acuerdo de delación compensada.

La acusación de la fiscalía identifica a los hermanos Brazão como miembros de una “organización criminal” que se beneficiaba de negocios inmobiliarios en zonas dominadas por las milicias, y asegura que ordenaron el asesinato de Franco para detener su activismo, que había obstaculizado la aprobación de leyes para el uso y ocupación de terrenos.

Los otros acusados son Robson Calixto Fonseca, alias ‘Peixe’, antiguo asesor de Domingos, que lo habría ayudado a deshacerse del arma homicida, el expolicía militar Ronald Paulo Alves, que se encargó de hacer seguimiento a Franco para documentar su rutina, y el excomisario de la Policía Civil de Río Rivaldo Barbosa, que se valió de su cargo para dilatar las investigaciones del caso.

Lessa y de Queiroz fueron detenidos en marzo de 2019, un año después del homicidio, pero el caso permaneció sin avances durante toda la presidencia de Jair Bolsonaro, hasta el regreso a Planalto del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien designó a la hermana de Franco, Anielle, como ministra de Igualdad Racial.

Precisamente en 2023, las investigaciones fueron reasignadas a la Policía Federal, a instancias del Ministerio de Justicia, tras lo cual comenzaron a registrarse nuevos avances, como la confesión de Ronnie Lessa.

El juicio en el Tribunal Supremo comenzará con la lectura del resumen del caso, a cargo del magistrado de Moraes, seguirá con las exposiciones de la fiscalía y los abogados defensores de los acusados y cerrará con el voto de los cuatro jueces que integran la Primera Sala.

Los veredictos de absolución o culpabilidad se alcanzarán por mayoría y el mismo panel se encargará de determinar la condena de cada uno de los acusados. La sentencia puede ser recurrida ante la misma instancia.

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Confianza en la justicia

Los familiares de Franco y Gomes expresaron su confianza en que el proceso ante el Tribunal Supremo enviará un mensaje claro en contra de la impunidad, no solo de los perpetradores, sino de los instigadores y facilitadores.

“Creyeron que el cuerpo de mi hermana sería descartado como muchos cuerpos de nuestro país, la mayoría de personas negras, pobres, nacidas en favelas de la periferia”, declaró a periodistas la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco.

“No solo mata quien aprieta el gatillo, sino también quien obstruye las investigaciones, quien ordena matar y quien paga por la muerte de alguien. Brasil tiene la obligación de mostrar que el Estado también alcanza a esas personas y nuestras familias merecen esas respuestas”, agregó la viuda de Gomes, Agatha Arnaus.

“No tengo ninguna duda de que los responsables serán condenados, y eso es muy importante. Pero el ecosistema criminal que mató a Marielle sigue operando y extendiendo sus tentáculos”, escribió la viuda de Franco, Mónica Benicio, en el diario O Globo.

Amnistía Internacional ha señalado a Brasil como uno de los países más letales para los defensores de derechos humanos y activistas por la protección del medio ambiente.

La organización Global Witness documentó que entre 2012 y 2021 fueron asesinados 342 defensores de la tierra, más que en cualquier otro país del mundo.

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Con EFE, AFP y medios locales