Activista británico contra la desinformación queda protegido contra eventual deportación

Imran Ahmed, uno de los cinco funcionarios europeos a los que Estados Unidos acusa de censura por sus advertencias contra los discursos de odio y la desinformación en línea, quedó amparado por la orden judicial de un tribunal de distrito de Nueva York, que impide que se materialice la detención con miras a la deportación, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio. Ahmed es el único de los activistas digitales a los que se les dictara prohibición de entrada que ya vive en Estados Unidos.

Un juez estadounidense impidió temporalmente este 26 de diciembre que la administración Trump detenga al activista británico contra la desinformación Imran Ahmed, después de que este residente permanente en Estados Unidos demandara a las autoridades por prohibirle la entrada al país, debido a su papel en lo que Washington considera censura en línea.

El martes, el Departamento de Estado impuso prohibiciones de visado a Ahmed y a cuatro europeos, entre ellos el excomisionado francés de la Unión Europea Thierry Breton.

Washington los acusa de trabajar para censurar la libertad de expresión o atacar injustamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses con regulaciones onerosas. Ahmed vive en Nueva York y se cree que es el único de los cinco que se encuentra actualmente en el país.

La medida provocó la indignación de los gobiernos europeos, que argumentan que las regulaciones y el trabajo de los grupos de monitoreo hicieron que internet fuera más seguro al destacar la información falsa y obligar a los gigantes tecnológicos a hacer más para combatir el contenido ilegal, incluido el discurso de odio y el material de abuso sexual infantil.

Para Ahmed, de 47 años y director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, con sede en Estados Unidos, también ha despertado el temor a una deportación inminente que lo separaría de su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, según una demanda que presentó el 25 de diciembre ante el Distrito Sur de Nueva York.

Amenaza creíble de deportación

Al anunciar las restricciones de visado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que había determinado que la presencia de los cinco en Estados Unidos tenía consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país y que, por lo tanto, podían ser deportados.

Ahmed nombró a Rubio, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a otros funcionarios de Trump en su demanda, argumentando que los funcionarios estaban violando sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso con la amenaza de deportación.

El juez federal Vernon Broderick dictó el 26 una orden de restricción temporal que prohíbe a los funcionarios arrestar, detener o trasladar a Ahmed antes de que tenga la oportunidad de que se escuche su caso, y programó una conferencia entre las partes para el 29 de diciembre.

Ahmed, en una declaración proporcionada por un representante, elogió los controles y equilibrios del sistema legal estadounidense y dijo que estaba orgulloso de llamar a este país su hogar.

“No me dejaré intimidar para que abandone el trabajo de mi vida, que es luchar por mantener a los niños a salvo del daño de las redes sociales y detener el antisemitismo en Internet”, afirmó el activista.

En respuesta a las preguntas sobre el caso, un portavoz del Departamento de Estado dijo: “El Tribunal Supremo y el Congreso han dejado claro en repetidas ocasiones que Estados Unidos no tiene la obligación de permitir que los extranjeros entren en nuestro país o residan aquí”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Antecedentes de muy alto perfil

Los residentes legales permanentes, conocidos como titulares de la tarjeta verde, no necesitan un visado para permanecer en Estados Unidos, pero la administración Trump ya ha intentado deportar al menos a uno este año.

Mahmoud Khalil, detenido en marzo tras su destacada participación en las protestas a favor de Palestina en la Universidad de Columbia, fue puesto en libertad por un juez que argumentó que castigar a alguien por un asunto civil de inmigración era inconstitucional.

En septiembre, una jueza de inmigración de Estados Unidos ordenó la deportación de Khalil por haber omitido información en su solicitud de tarjeta verde, pero él apeló esa decisión y siguen vigentes otras órdenes que bloquean su deportación.