Ecuador lanza ofensiva militar en frontera con Colombia: el trasfondo de la guerra contra narcos y disidencias FARC

El pasado 6 de marzo, el gobierno ecuatoriano informó sobre una intervención militar realizada en la zona fronteriza con Colombia, dirigida contra un campamento perteneciente a los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con fuentes militares en Nariño, departamento colombiano que limita con Ecuador, la ofensiva, apoyada por fuerzas de Estados Unidos, no provocó repercusiones en el territorio colombiano. Esta operación representa una muestra de la cooperación internacional para combatir estructuras armadas que afectan la estabilidad regional, según lo reportado por El Espectador.

Los Comandos de la Frontera tienen su origen en el departamento colombiano de Putumayo, donde surgieron tan solo un año después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016. Su consolidación como estructura armada ocurrió hacia noviembre de 2017, liderados originalmente por Pedro Oberman Goyes, conocido como alias "Sinaloa", quien fue asesinado dos años después por integrantes de su propio grupo. A partir de entonces, su dirección fue asumida sucesivamente por Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias “Gárgola”, hasta su captura en 2019, y, posteriormente, por Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”. Durante el año 2020, los Comandos de la Frontera decidieron adherirse a la Segunda Marquetalia, organización dirigida por alias “Iván Márquez”.

La influencia de esta agrupación ha trascendido Putumayo y actualmente se halla presente en otras regiones de Colombia como Caquetá, Amazonas y Nariño, extendiéndose incluso hacia el territorio ecuatoriano. Según la organización Insight Crime, su principal interés se centra en mantener el control de rutas para la exportación de cocaína hacia Ecuador y Brasil, lo que explica la disputa territorial con otros grupos armados como el Frente Carolina Ramírez y su llegada a nuevas zonas fronterizas.

En 2022, ante el cambio de gobierno en Colombia y la política de “Paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, los Comandos de la Frontera manifestaron su interés en sumarse al proceso, aunque las tensiones con otros grupos impidieron una integración duradera. Finalmente, en 2024, la organización se adhirió a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, liderada por alias “Walter Mendoza”.

El liderazgo de alias “Araña” ha sido clave en la estrategia del grupo. En febrero del año pasado, Rojas fue capturado en Bogotá justo al finalizar un ciclo de negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Pese a que la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas, el presidente Gustavo Petro detuvo el proceso, argumentando que mientras contribuya de manera comprobada al logro de acuerdos de paz dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, debería permanecer en Colombia como representante en la mesa de diálogos.

En el contexto ecuatoriano, los Comandos de la Frontera han sido responsabilizados de ataques significativos como la muerte de 11 militares ecuatorianos en mayo del año pasado, durante operaciones de control en zonas de minería ilegal. Como respuesta a estos hechos, el presidente Daniel Noboa incluyó formalmente a este grupo en la lista de organizaciones armadas consideradas una amenaza transnacional dentro del conflicto armado interno declarado en Ecuador desde enero de 2024. Estas medidas ilustran la dificultad que enfrentan las autoridades para identificar responsables y recuperar la seguridad en territorios dominados por economías ilícitas y actores armados.

¿Qué significa la “Paz total” propuesta por el gobierno colombiano?

El concepto de “Paz total” ha cobrado relevancia en la política colombiana desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro. Se refiere a un enfoque integral en el que el gobierno busca abrir vías de diálogo y negociación con todos los actores armados ilegales del país, incluyendo antiguos grupos guerrilleros, organizaciones criminales y nuevas disidencias, con el fin de lograr una solución política al conflicto armado interno.

La importancia de esta iniciativa radica en su intento de superar la fragmentación de la violencia tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Al invitar a distintos grupos a la mesa de negociaciones, el gobierno espera reducir las causas estructurales del conflicto, promover la justicia transicional, y restaurar la seguridad en las regiones más afectadas. Sin embargo, el proceso enfrenta el reto de manejar a múltiples grupos con diferentes intereses y niveles de compromiso, como se evidencia en los casos recientes de los Comandos de la Frontera.