Las ONG venezolanas padecen en prudente silencio el fin de la ayuda de USAID

Las ONG de Venezuela hacen silencio sobre los impactos que tiene el cierre de programas de cooperación de Estados Unidos mientras el gobierno de Nicolás Maduro afirma que todas ellas recibieron dinero de Estados Unidos para actos terroristas

La suspensión de fondos y el recorte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que en 2024 aportó a América Latina 2.300 millones de dólares, comienza a tener efecto en la región con el cierre de varios programas de atención humanitaria y de otro tipo, con el consecuente reclamo de organizaciones no gubernamentales en distintos países.

Una de las excepciones es Venezuela, donde el asunto no se habla abiertamente por la sociedad civil, vista la interpretación que le está dando el gobierno de Nicolás Maduro.

Según las autoridades, todo el dinero de agencias de cooperación estadounidenses fue entregado en oscuros esquemas corruptos para financiar a la oposición y conspiraciones, a través de ONG y medios de comunicación, como reiteró el ministro de Interior Diosdado Cabello este jueves:

“Nosotros tenemos una investigación muy adelantada sobre este tema del financiamiento, que yo estoy casi seguro que le va a servir hasta al gobierno de Estados Unidos. Medios, ONG, implementadoras, esto le está explotando al gobierno de Estados Unidos porque ellos vieron en su momento que era un mecanismo para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y estos grupos terroristas actúan bajo esa figura, y son pagados bajo esa figura”.  

La narrativa oficialista combina noticias provenientes de Estados Unidos, rumores de redes sociales, reciclaje de Wikileaks de años anteriores y hasta fabricación de documentos para sustentar afirmaciones.

Pero tiene una consecuencia real, en la sociedad civil se ha impuesto el silencio: no se dan declaraciones, no hay entrevistas, especialmente luego de la detención durante 10 días del activista Carlos Correa, de la organización Espacio Público, y de la activación de una nueva Ley para fiscalizar a las ONG.