Argentina vive una huelga contra la reforma laboral de Milei, en medio del debate en el Congreso

La medida de fuerza, liderada por la principal central obrera del país, paraliza el transporte público y afecta gran parte de la actividad contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que los sindicatos consideran "regresiva". La controvertida propuesta, que recibió media sanción del Senado, enfrenta un destino incierto en la Cámara de Diputados, que encara un tenso debate, en medio de movilizaciones en la calle y un gran operativo policial.

Este jueves 19 de febrero, Argentina amaneció paralizada por una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, y respaldada por diversos gremios y organizaciones sociales y de izquierda.

El motivo es el repudio de los sindicatos al proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei, una iniciativa que modificaría radicalmente las condiciones del trabajo y que se debate en la Cámara de Diputados, tras recibir la media sanción del Senado.

El impacto de la medida de fuerza encuentra su piedra basal en la parálisis del transporte público. Pese a que el Gobierno advirtió de represalias a los trabajadores del sector, los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se sumaron a la huelga, dejando sin circulación trenes, subterráneo y la mayoría de las líneas de buses.

Lo propio ocurre con los puertos y la aviación. La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó que más de 400 vuelos han sido cancelados, afectando a más de 64.000 pasajeros y clientes de carga.

Los bancos y las escuelas públicas (que están en época de preparativos y exámenes antes del inicio del año escolar en marzo) también permanecen cerrados, mientras que la salud pública solo realiza cirugías de emergencia. Otros empleados estatales también acataron la medida, a pesar de que el Ejecutivo de Milei anticipó que les descontará la jornada, una medida inédita en Argentina.

Aunque muchos comerciantes optaron por abrir sus puertas, se enfrentan a calles casi vacías y ventas escasas por los coletazos de la medida, a la que se sumaron, además de la CGT, 13 sindicatos gremiales y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

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Una reforma laboral “regresiva”: sindicatos

Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales que tiene la CGT, afirmó a ‘Radio Rivadavia’ que el acatamiento de la huelga “es importantísimo” y que “desde ayer (miércoles 18 de febrero) a la noche, los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”.

“Lo único que prioriza es la restricción de los derechos de los trabajadores”

Al anunciar el paro, otro de los líderes de la central obrera, Cristian Jerónimo, advirtió que el controvertido proyecto de reforma laboral “es enteramente regresivo”.

“Lo único que prioriza es la restricción de los derechos de los trabajadores”, subrayó.

Más allá de la huelga, la CGT evitó convocar a movilizaciones. El tercer integrante de su triunvirato, Octavio Argüello, justificó la decisión porque “queremos que sea un paro donde haya poca movilidad en la calle” y por temor a la represión policial “no vamos a llevar a los trabajadores de las pymes a que los repriman, porque en estas situaciones las víctimas siempre las ponemos de un solo lado”, remarcó, en diálogo con ‘Radio 750’.

Sin embargo, esto no significa que no vaya a haber protestas. Otros sindicatos –entre ellos los de empleados del Estado, docentes, metalúrgicos y pilotos de líneas aéreas–, estudiantes universitarios, organizaciones de jubilados y pensionados, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda se convocaron a las inmediaciones del Congreso como forma de presión a los diputados.

Frente a esto, el Gobierno ha recrudecido su polémico protocolo “antipiquetes”, con un despliegue de efectivos policiales y un vallado para blindar el Palacio Legislativo, que justifica como una forma de evitar escenas similares a las del 12 de febrero pasado, cuando se produjeron disturbios entre policías y manifestantes en las afueras del Congreso.

En tono amenazante, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que “nuestras fuerzas están listas y van a actuar”. 

“El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”, insistió, en una publicación de X.

El Gobierno busca el visto bueno de Diputados a su radical reforma

En un clima de tensión, la Cámara de Diputados debate el proyecto de reforma laboral en una sesión que inició a las 14 (hora local) y que se prevé que dure varias horas. Si bien el Gobierno de Milei –a quien el debate lo encuentra fuera del país por su viaje a Washington para participar en la primera sesión de la ‘Junta de Paz’ de Donald Trump– confía en contar con los votos para su aprobación, el destino de la propuesta aún es incierto.

Aunque el proyecto ya cuenta con la media sanción del Senado, un voto positivo de los Diputados no alcanzaría para convertirla en ley, ya que, en las horas previas al debate en la Cámara baja, el bloque gubernamental cedió al rechazo opositor y eliminó el artículo 44, que pretendía reducir a la mitad los salarios de los trabajadores con licencia debido a lesiones o enfermedades no relacionadas con el trabajo.

Al tratarse de una modificación a la propuesta original, si Diputados aprueba el texto, este igual debería volver a ser discutido en el Senado para convertirse en ley.

Más allá de esta enmienda, el proyecto conserva la mayoría de los cambios radicales que supondrían para las condiciones laborales en Argentina, una iniciativa que el Ejecutivo de Milei defiende como una “modernización” que impulsará la creación de puestos de trabajo, pero que sus detractores consideran “regresiva y anticonstitucional”.

Entre los aspectos más controvertidos de la propuesta están la ampliación de la jornada laboral a 12 horas; el retiro de las sólidas indemnizaciones y protecciones que la legislación laboral –pionera en los años 70, pero tildada de “caduca” por sus críticos en la actualidad– ofrece contra el despido injustificado; la ampliación de los períodos de prueba; el empeoramiento del derecho a vacaciones, licencias y bajas médicas, o al cobro de horas extras; y la limitación de los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos.

La huelga, asimismo, se da en el marco de una economía con derrumbe de la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales, en buena medida como consecuencia de las políticas ultraliberales impulsada por el Gobierno de Milei.

El caso más reciente es el de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina y emblema de la industria nacional, que el miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires tras más de 80 años de actividad y el despido de más de 900 trabajadores, alegando la caída de la competitividad por la apertura indiscriminada de importaciones.

Con EFE, AP, AFP y medios locales