Francia: primeros pasos a la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años

¿Deberían prohibirse las redes sociales a los menores de 15 años y los teléfonos móviles en los institutos? Los diputados franceses deberían aprobar este lunes estas medidas destinadas a proteger la salud de los adolescentes, que cuentan con el pleno apoyo del Gobierno y del presidente Emmanuel Macron.

La propuesta de ley se examinará a partir de las 16:00 horas (15:00 GMT) y, salvo sorpresa, debería recibir el visto bueno de la Asamblea, la cámara baja. El texto pasará luego al Senado a mediados de febrero, según anunció el lunes por la mañana Gabriel Attal, líder de los diputados de Renaissance (mayoría presidencial) y antiguo primer ministro, para que entre en vigor el 1 de septiembre.

Redes como TikTok, Snapchat o Instagram, que se han vuelto omnipresentes en la vida de los adolescentes, perjudican gravemente su salud mental, alertó a principios de mes la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses).

Los riesgos enumerados son numerosos, entre el ciberacoso, la comparación permanente o la exposición a contenidos violentos. También se señalan los sistemas de captación de la atención, en detrimento del sueño.

“Las emociones de nuestros niños y adolescentes no se pueden vender ni manipular, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, declaró Emmanuel Macron en un vídeo difundido el sábado, comprometido con esta reforma que marcaría su segundo mandato.

El Gobierno quiere actuar con rapidez, con medidas que se aplicarán a partir del inicio del curso escolar 2026.

Una enmienda establece que “se prohíbe el acceso a los servicios de redes sociales en línea proporcionados por una plataforma en línea a los menores de quince años». Quedan excluidos de la prohibición las «enciclopedias en línea» y los «directorios educativos”.

La prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas y colegios debe extenderse a los institutos, algunos de los cuales ya están probando la medida.

La principal dificultad radica en la obligación de cumplir con la legislación europea, más concretamente con su Reglamento sobre Servicios Digitales (DSA). El objetivo: no correr la misma suerte que una ley de 2023 que establecía la mayoría digital a los 15 años, pero que nunca se llegó a aplicar.