Fiscalía surcoreana pide diez años de prisión para el expresidente Yoon tras declarar la ley marcial

Un equipo especial de la Fiscalía de Corea del Sur pidió este viernes 26 de diciembre diez años de cárcel para el expresidente, Yoon Suk-Yeol, por múltiples cargos, incluido obstrucción a la Justicia tras su fallido intento por imponer la ley marcial, en 2024. Está previsto que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emita un fallo el próximo 16 de enero sobre este caso.

Diez años de cárcel es la pena que la Fiscalía surcoreana pide para uno de los procesos judiciales a los que se enfrenta el expresidente del país, Yoon Suk-Yeol.

El exmandatario está acusado de diversos cargos, incluido intento de obstrucción a su arresto tras el fallido intento de declarar la ley marcial, en diciembre de 2024.

“El acusado, que debía salvaguardar la Constitución y defender el Estado de derecho, abusó de su poder y perjudicó al público”, afirmó un fiscal en un vídeo grabado del juicio antes de solicitar la pena.

“No se ha disculpado ni ha mostrado arrepentimiento ante el público, sino que ha intentado culpar a sus ayudantes”, añadió el fiscal.

Asimismo, la Fiscalía acusó a Yoon de no tomar las medidas necesarias para convocar a todos los miembros de su gabinete antes de anunciar públicamente la polémica ley marcial. También lo señaló de difundir información falsa a la prensa extranjera.

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Las claves del caso

Las acusaciones se remontan al 3 de diciembre de 2024, cuando de manera sorpresiva el entonces presidente Yoon Suk-Yeol decretó la ley marcial y la anunció en televisión nacional. Esta medida, que había sido impuesta por última vez en 1980 durante el mandato del autoritario presidente Chun Doo-hwan (1980-1987), otorga amplios poderes a las Fuerzas Armadas y permite arrestos sin orden judicial.

En ese momento Yoon justificó la medida al asegurar que la oposición política sostenía nexos con Corea del Norte, luego de que los legisladores bloquearan varias de sus políticas en el Parlamento.

“Declaro la ley marcial para proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar a las despreciables fuerzas antiestatales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el libre orden constitucional”, aseveró entonces el mandatario.

Pero la ley marcial solo duró unas horas ante la movilización de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición que rápidamente se movilizaron para derogarla en una votación. Ante el despliegue del Ejército en la sede del Legislativo, en la noche del 3 al 4 de diciembre, 190 diputados lucharon para poder entrar en la Asamblea Nacional y finalmente rechazaron la ley marcial.

El jefe de Estado se vio entonces obligado a revertir su orden, lo que incluyó el retiro de los militares de las calles.

Pero, además, Yoon Suk-Yeol está bajo la mira de las autoridades por intentar impedir su detención el pasado enero. Entre otras acciones, los fiscales destacan que intentó bloquear a los investigadores que buscaban detenerlo, encerrándose dentro del complejo presidencial.

Además, según la agencia de noticias local Yonhap, el exmandatario está señalado de “haber violado los derechos de nueve miembros de su gabinete al no convocarlos a la reunión en la que se iba a debatir su decreto de ley marcial antes de activarlo y de haber hecho redactar a posteriori y destruir una versión diferente del texto del decreto”.

Está previsto que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emita un veredicto el próximo 16 de enero, dos días antes de que expire la detención preventiva del exmandatario, agregó la agencia.

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Tres juicios adicionales, incluido un caso por insurrección

Yoon, de 65 años también está siendo juzgado en otros tres juicios. Entre ellos, uno por cargos de insurrección. Esta es la imputación más grave de la que está acusado.

En caso de ser declarado culpable, el ex jefe de Estado podría enfrentarse a hasta una pena de cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

“Los abogados de Yoon insistieron en que la sentencia se dictara tras la conclusión del juicio por instigación a la insurrección, que debería concluir a principios de enero como muy pronto, pero el juez rechazó esta solicitud”, explicó Yonhap.

Yoon ha negado todos los cargos en su contra e insiste en que tomó la decisión de imponer la ley marcial el año pasado “ante el colapso del orden constitucional de la democracia liberal y una situación de crisis del Estado”, como explicó en una editorial del periódico japonés ‘Yomiuri’.

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Con EFE y medios locales