Familiares de encarcelados protestan contra los juicios masivos en El Salvador

Alrededor de un centenar de allegados de personas detenidas en la mega cárcel del país se movilizaron defendiendo su inocencia y rechazaron los juicios multitudinarios que, advierten, no garantizan el debido proceso. Desde 2023, tras la aprobación de una reforma penal, se permiten los procesos penales masivos contra presuntos miembros de pandillas.

Este domingo 15 de febrero, en El Salvador, cerca de 100 familiares de reclusos se movilizaron para quejarse contra los procesos judiciales masivos a encarcelados desde que está vigente el régimen de excepción de marzo de 2022.

Los manifestantes caminaron por las principales calles de San Salvador con camisas con los nombres y los rostros de sus seres queridos, junto a pancartas con reclamos de libertad. 

“Defendemos inocentes, no delincuentes”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “libertad para los inocentes”, fueron algunas de las consignas que se escucharon en la capital salvadoreña.

“Este es un genocidio, lo que el Gobierno está tramando: agrupar a inocentes junto con verdaderos criminales. Eso es lo que ha hecho el régimen de excepción. No hay intención de este gobierno de liberar a los inocentes”, denunció Samuel Ramirez, miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

La posibilidad de realizar juicios masivos a presuntos miembros de pandillas está habilitada a partir de la reforma penal que se aprobó en 2023 por la Asamblea Legislativa. “Es condenar a justos por pecadores y es irrespetar las garantías del debido proceso”, dijo el abogado Félix López en diálogo con AFP.

Juicios masivos con irregularidades

La Fiscalía salvadoreña tiene previsto completar en los próximos meses unas 3.000 acusaciones contra presuntos miembros de pandillas que serían juzgados en grandes grupos.

Según organismos de derechos humanos, esa opción derivará en la condena de miles de inocentes.

Ramírez indicó que las personas que pertenecen al MOVIR defienden que sus parientes no son culpables, que no pertenecen a pandillas y que las autoridades “no pudieron encontrar delitos individualmente”.

Según el integrante del movimiento, en este tipo de procesos “el nivel de pruebas es casi nulo”, no hay lugar para testigos que den fe de la inocencia de los acusados y los abogados no son notificados a tiempo de cuándo se realizan las audiencias.

“No le han permitido a la familia presentar arraigos, donde están todos los documentos que comprueban que era una persona trabajadora, un buen vecino, un buen padre. Solo vale lo que dice la fiscalía”, agregó Ramírez.

Desde la existencia del estado de excepción, instaurado en marzo de 2022, fueron capturados más de 90.000 presuntos delincuentes, de los cuales al menos 8.000 son inocentes, tal reconoció el gobierno de Nayib Bukele.

Las organizaciones humanitarias han recabado más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, además de la muerte de más de 480 personas en custodia del Estado.

Con EFE y AFP