¿Trump puede sacar a Petro y Benedetti de la Lista Clinton? Qué dice la ley de EE. UU.

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Aunque muchos creen que Trump decide quién entra o sale de la “Lista Clinton”, la realidad es más técnica y pasa por el Tesoro de EE. UU.

La autoridad del presidente de Estados Unidos para remover nombres de la llamada Lista Clinton —conocida oficialmente como la lista SDN (Specially Designated Nationals)— emana directamente de su poder constitucional sobre la política exterior y la seguridad nacional.

En la práctica, la mayoría de las sanciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro se sustentan en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta norma faculta al presidente para regular transacciones financieras, bloquear activos e imponer o levantar sanciones cuando considere que existe una amenaza inusual o extraordinaria para los intereses de Estados Unidos.

Como estas sanciones se activan mediante órdenes ejecutivas firmadas por el propio presidente, el jefe del Ejecutivo también tiene la facultad de modificarlas, ajustarlas o revocarlas a través de una nueva directriz presidencial.

Aunque la exclusión de la lista Clinton —conocida como delisting— suele tramitarse por un canal administrativo ante el Departamento del Tesoro, este no es un procedimiento puramente técnico.

• El proceso formal contempla:
• Solicitudes de revisión
• Presentación de pruebas por parte de los sancionados
• Evaluaciones jurídicas y financieras de la OFAC

Sin embargo, expertos en sanciones internacionales y política exterior han señalado que las decisiones finales están fuertemente influenciadas por consideraciones políticas y estratégicas. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos puede acelerar, priorizar o destrabar procesos, si considera que ello responde a los intereses de seguridad nacional o a la política exterior del país.

Por eso, aunque la OFAC administra la lista, actúa bajo la dirección general del Ejecutivo, lo que convierte el retiro de nombres en una decisión donde la voluntad política pesa tanto como el expediente técnico.

En el caso del presidente Gustavo Petro, su familia (Verónica Alcocer y Nicolás Petro) y el ministro Armando Benedetti, el debate se da en medio de un escenario de tensión diplomática y negociación política entre Bogotá y Washington.

Según el insumo oficial, el gobierno colombiano ya envió notas verbales solicitando explicaciones y la exclusión de la lista. Ha calificado la inclusión como “injusta” y activó gestiones diplomáticas directas ante la Casa Blanca.

Además, el propio presidente Petro ha reconocido que se adelanta una defensa legal en Estados Unidos, con abogados contratados para gestionar el proceso, entendiendo que, aunque existe un camino técnico, la decisión final depende en gran medida de la Casa Blanca.