ICE detuvo a exboxeador colombiano mientras trabajaba en Uber en Estados Unidos

Jonathan 'Momo' Romero, campeón mundial, deportista olímpico y medallista en juegos Bolivarianos y Centroamericanos, había solicitado asilo político.

Jonathan Romero, conocido como el Momo Romero, exboxeador profesional colombiano, campeón mundial de boxeo IBF, medallista en los Juegos Bolivarianos en y Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de representante de Colombia en los Juegos Olímpicos 2008, se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 23 de junio.

Al deportista de 39 años, oriundo de la ciudad de Cali, lo capturaron mientras trabajaba manejando Uber en Miami, Florida, Estados Unidos. Según el portal Boxeo de Colombia, Romero fue detenido por un agente de Policía mientras conducía y cuando el uniformado notó su condición de migrante lo dejó bajo custodia de las autoridades.

Jonathan ‘Momo’ Romero había pedido asilo en Estados Unidos

El portal citado también mencionó que el exboxeador profesional había solicitado asilo político en los Estados Unidos, alegando amenazas en contra de su vida. Además, su situación legal estaría dependiendo de una fianza, la cual él no podría pagar.

Jonathan permanece retenido en el centro de inmigración Pembroke Pines, donde las condiciones para los migrantes no son las mejores. “Lo que más temo es que me trasladen de este centro. Yo no soy un delincuente. Vine a este país buscando protección porque mi vida corría peligro en Colombia”, dijo el exboxeador profesional al portal Boxeo de Colombia, refiriéndose al centro de detención de Orlando, en Florida.

HRW denuncia que muertes de migrantes detenidos en EE.UU. superan los niveles de la pandemia

Cada 8,6 días murió una persona bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante los primeros meses de 2026, lo que representa la frecuencia más alta registrada en casi dos décadas y supera incluso los niveles observados durante la pandemia de Covid-19. Así lo señala un informe publicado este jueves por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR).

El estudio contabiliza 52 muertes desde el 20 de enero de 2026 y sostiene que este aumento no puede explicarse únicamente por el crecimiento en el número de detenidos, fenómeno que se ha intensificado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. “Las personas están muriendo bajo custodia de ICE al ritmo más alto de los últimos años, incluso después de tener en cuenta el aumento de la población detenida”, afirmó Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de HR, en un comunicado.

De acuerdo con el informe, la tasa de mortalidad alcanzó 8,4 fallecimientos por cada 10.000 personas detenidas, casi el doble del nivel registrado en el momento más crítico de la pandemia.

Además del análisis estadístico, médicos de PHR examinaron 39 muertes ocurridas durante el primer año del segundo mandato de Trump y detectaron en varios casos posibles fallas en la atención médica, incluyendo retrasos o tratamientos inadecuados. Entre los ejemplos destaca el de Maksym Chernyak, ciudadano ucraniano de 44 años, quien sufrió un derrame cerebral en detención; el informe indica que la atención tardía pudo influir en su fallecimiento.

También se menciona el caso de Ismael Ayala-Uribe, migrante mexicano de 39 años, cuya infección se agravó pese a múltiples solicitudes de asistencia médica. A esto se suma la preocupación por el incremento de aparentes suicidios: entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron siete casos, frente a solo uno en todo 2024.

Las organizaciones también critican la falta de transparencia del ICE, señalando que la información disponible es insuficiente para entender las circunstancias de las muertes. “ICE limita de manera tan severa la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que resulta casi imposible ejercer un control efectivo sobre la agencia”, afirmó Katherine Peeler, profesora de pediatría de la Escuela de Medicina de Harvard y coautora del informe. “En los casos en los que hemos tenido acceso a registros de ICE y de hospitales externos, estamos viendo fallas alarmantes en la atención médica y el cuidado de las personas detenidas”, añadió.

El reporte concluye que estos hechos generan dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en derechos humanos, especialmente en lo relativo a la protección de la vida y el acceso oportuno a la salud. Asimismo, señala que tanto problemas estructurales históricos como políticas recientes —como la expansión de la detención obligatoria y la reducción de supervisión— han contribuido al deterioro de la situación.