Ofensiva de Trump va con toda: los 4 colombianos que perderían la ciudadanía en EE. UU.

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El Departamento de Justicia aceleró una agresiva campaña para revocar la naturalización de inmigrantes que habrían ocultado graves delitos delictivos.

La estricta campaña del gobierno de Donald Trump para retirar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados sumó nuevos nombres a su lista negra, elevando a cuatro el número de colombianos identificados públicamente en esta ofensiva legal. El Departamento de Justicia anunció una nueva ronda de 17 acciones judiciales contra ciudadanos acusados de haber obtenido la nacionalidad mediante mentiras, falsas declaraciones o el ocultamiento deliberado de su pasado criminal.

Entre los nuevos expedientes revelados por las autoridades federales figuran los casos de una empresaria vinculada a dineros del narcotráfico y un miembro de la Iglesia Católica condenado por graves delitos contra menores de edad.

El caso que más ha llamado la atención de las autoridades en esta nueva ronda es el de Andrea Marroquín, una colombiana de 44 años. Según la demanda del gobierno estadounidense, la mujer es hija de Edgar Marroquín, un importante narcotraficante colombiano ya fallecido. La justicia sostiene que la mujer heredó parte de esa fortuna y, entre 2003 y 2011, participó en una conspiración de lavado de activos y fraude bancario para financiar negocios inmobiliarios en Miami. Al tramitar su ciudadanía en 2009, ocultó estas actividades y omitió que mantenía un matrimonio bígamo, por lo que ahora la acusan de faltar al requisito legal de “buen carácter moral”.

El segundo colombiano señalado en esta entrega es Fernando Cristancho, de 69 años, un sacerdote católico que llegó a Estados Unidos como trabajador religioso. Cristancho fue condenado a 22 años de prisión tras declararse culpable de coerción y seducción de una menor de edad, admitiendo además abusos contra otras víctimas. El gobierno busca retirarle la ciudadanía argumentando que obtuvo el beneficio de forma ilegal al esconder estos crímenes durante su proceso de naturalización.

Estos dos nombres se suman a los de otros dos nacionales que habían sido incluidos en un primer listado el mes pasado:

• Víctor Manuel Rocha: El exembajador estadounidense de 75 años, nacido en Colombia, quien sacudió los cimientos de la diplomacia al declararse culpable de actuar durante décadas como agente secreto del gobierno cubano, una actividad de espionaje que comenzó antes de naturalizarse en 1978.
• Óscar Alberto Peláez: Otro sacerdote católico colombiano que fue condenado por abusar repetidamente de un menor de edad entre los años 1998 y 2000, ocultando los hechos al momento de pedir su ciudadanía.

Aunque desnaturalizar a un ciudadano ha sido un proceso sumamente extraño en la historia de Estados Unidos —con un promedio que no superaba los 20 casos por año—, la actual administración de Donald Trump convirtió esta herramienta en una prioridad absoluta.

De acuerdo con directrices internas, el gobierno le exigió al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) identificar y remitir hasta 200 expedientes sospechosos al mes. Con las dos primeras rondas ya se acumulan 29 casos públicos. Por ahora, los colombianos señalados no han perdido formalmente su estatus; se trata de demandas civiles que deberán ser resueltas por jueces federales, quienes dictaminarán si existió fraude en sus procesos de naturalización.