EE. UU. pide acelerar extradición de líder disidente tras atentado mortal con dron en Colombia

Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, dirigió una carta al Gobierno colombiano solicitando celeridad en el proceso de extradición de Alexander Díaz Mendoza, identificado como Calarcá Córdoba y líder de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, la misiva fue remitida a la embajada de Colombia en Washington y en su contenido Moreno hace referencia a un grave atentado perpetrado el pasado 22 de agosto contra un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional. El ataque, ejecutado con un dron cargado de explosivos, dejó como consecuencia la muerte de 13 uniformados.

La estructura 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), vinculada al grupo de Calarcá, fue inicialmente señalada como responsable. No obstante, días después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó dicha acción violenta, lo que añade confusión a la identificación de los responsables directos del hecho. Según fuentes de la embajada de Colombia, la preocupación de las autoridades estadounidenses se centra en esclarecer la responsabilidad y en la cooperación judicial frente al caso.

En respuesta a este atentado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en noviembre una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita la identificación y captura de los responsables. Esta recompensa se ofrece en el contexto de profundos desacuerdos y tensiones en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de Calarcá. La situación se agravó el 24 de febrero, cuando esta facción ordenó a sus miembros responder, bajo el amparo de la “legítima defensa”, a las operaciones militares que, según ellos, coinciden con las conversaciones de paz.

En un comunicado, la disidencia destacó que los recientes enfrentamientos en zonas de Caquetá y Guaviare han provocado bajas y capturas, lo que interpretan como una decisión unilateral del Gobierno de dialogar en paralelo con acciones militares, especialmente tras el fin del cese al fuego. Esto ha dificultado aún más la búsqueda de un entendimiento duradero entre las partes.

De igual modo, el 26 de febrero se produjo el primer bombardeo autorizado por el gobierno de Gustavo Petro contra las disidencias dirigidas por Calarcá en Ituango, Antioquia. Sin embargo, el Ejército aclaró que la ofensiva estuvo dirigida al frente 18, relacionado más estrechamente con la disidencia de Iván Mordisco, a raíz de fracturas internas que permitieron la migración de miembros entre grupos armados.

Moreno resaltó también la cooperación judicial entre ambos países, citando el caso de la extradición de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda criminal La Inmaculada, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses en febrero, el mismo día en que se encontraron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

¿Qué significa el término “legítima defensa” en el contexto de los grupos armados ilegales en Colombia?

La expresión “legítima defensa”, usada por la disidencia de Calarcá en su comunicado, implica la autorización a sus combatientes para responder a las acciones armadas de la Fuerza Pública. Según lo expresado en el documento difundido el 24 de febrero, esta directriz responde a la percepción de ofensivas gubernamentales simultáneas al proceso de diálogo. En el escenario de los acuerdos de paz y las operaciones militares, la invocación de la legítima defensa se convierte en un elemento complejo, pues puede ser empleada para justificar enfrentamientos armados en medio de negociaciones que, por definición, buscan reducir la confrontación.

La relevancia de este término en el conflicto colombiano radica en sus implicaciones para la seguridad, el derecho internacional humanitario y la viabilidad de los procesos de paz. En la práctica, la invocación de “legítima defensa” por parte de grupos armados ilegales puede dificultar el avance de las negociaciones y poner en riesgo los esfuerzos para desescalar la violencia, al enmarcar las respuestas armadas como reacciones justificadas en un contexto de guerra persistente.