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La Policía española liberó a las colombianas que eran obligadas a prostituirse, en una operación en la que detuvo a otra mujer de origen colombiano.
Según informó este martes la Policía española, la detenida, de 39 años, quedó a disposición de un juzgado acusada de un delito relativo a la prostitución, por presuntamente explotar a estas mujeres obligándolas a prostituirse en viviendas de alquiler que eran utilizadas como burdeles.
La detención se produjo en una localidad de la provincia española de Almería (sur), donde las víctimas ejercían la prostitución de manera itinerante en esas viviendas, por servicios que se ofertaban a través de varias webs, de acuerdo a un comunicado de la Policía.
Las víctimas rescatadas en la denominada Operación Lobo eran captadas dada la precariedad económica que sufrían y su situación de irregularidad administrativa en España, según el comunicado.
El pasado 30 de julio, la Guardia Civil española destapó una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en pisos de A Coruña y Denia (Alicante), fundamentalmente, donde las mantenían “encerradas con candados en la puerta de entrada de la vivienda” y a las que obligaban a consumir cocaína para que dependieran más de sus captores.
En el Día mundial contra la trata, la Dirección General de instituto armado informó de la operación Chacao, ejecutada por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) y en la que fueron liberadas cinco mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana.
Diez personas –cinco hombres y cinco mujeres (cuatro de nacionalidad dominicana, tres venezolanas, dos españolas y una colombiana)– fueron arrestadas en las provincias de A Coruña, Toledo y Alicante como presuntos integrantes de la organización delictiva y con labores concretas de captación, traslado y control de las víctimas.
Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y “delito contra la salud pública”.
Igualmente, se hicieron cinco registros domiciliarios en viviendas relacionadas con la estructura criminal, que también llegó a operar en Álava además de en las otras tres provincias mencionadas.
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