Estrés y pensamientos suicidas en Australia por grave error informático

La Seguridad Social de ese país atribuyó a miles de usuarios —incluidos indígenas y ancianos— enormes deudas inexistentes con el erario.

Desde el pasado julio, se han enviado unas 170.000 misivas a residentes en las que se reclama la devolución de beneficios sociales a modo de deuda calculada a través de un algoritmo defectuoso del sistema automatizado que utiliza el Centrelink, organismo encargado de los pagos de la Seguridad Social.

En el peor de los casos, las reclamaciones del Estado superan los 100.000 dólares (unos 97.000 euros) y afectan principalmente a indígenas, ancianos discapacitados, veteranos de guerra, jóvenes e inmigrantes que no hablan inglés.

Miles de personas se han quejado ante los cálculos erróneos, mientras políticos locales aseguran que la equivocación causa un estrés innecesario a los afectados.

El legislador independiente Andrew Wilkie, que ha pedido a la Defensora del Pueblo investigar el asunto, denunció la semana pasada que muchos de los receptores de estas cartas estaban angustiados y tenían pensamientos suicidas a raíz de las deudas que no han contraído.

“Por cada semana en la que el gobierno se rehúsa a arreglar el problema, otras 4.000 personas honestas reciben cartas que sugieren equivocadamente que han sido deshonestas, algo que es injusto y malvado”, expresó Linda Burney, legisladora del opositor Partido Laborista.

El citado sistema de Centrelink coteja la información que tiene la Seguridad Social con la Oficina Australiana de Impuestos y otras agencias del gobierno.

Al detectar alguna discrepancia, esta genera automáticamente una carta pidiendo explicación al residente por la supuesta obtención de beneficios sociales excesivos.

Si el afectado se ve incapacitado de sostener su inocencia, los funcionarios proceden a intentar acordar un plan de pago y, en caso de no llegar a un pacto, se las tendrá que ver con los recolectores de deudas privados.

El sistema, que comete un 20 % de errores según reconoce el gobierno, hace sus cálculos con la media del ingreso anual de una persona, pero soslaya los períodos en que esta no ha percibido ninguna retribución y asume que los usuarios han recibido más dinero de lo declarado.

Según los expertos, el error reside en el algoritmo para contrastar la información.

Varios sectores del país han pedido a la Administración que suspenda el sistema hasta que se arregle el algoritmo.

Uno de los casos sonados fue el del hijo autista de una defensora de los discapacitados que fue perseguido por un recaudador para cobrarle unos 2.200 dólares (2.076 euros).

También se ha denunciado el caso de Tony Barbar, de 29 años, a quien se le reclama unos 3.300 dólares (3.115 euros) después de que en 2010 pidiera una baja laboral para someterse a un tratamiento contra el cáncer y carece de los documentos para corroborarlo.

Las redes sociales se han visto inundadas de comentarios contra Centrelink bajo etiquetas como #notmydebt (no es mi deuda), mientras que la agencia gubernamental sugirió a algún afectado consultar con la línea de prevención de suicidio.

“Hola Steve. Estamos preocupados por tu comentario. Por favor llama a ‘Lifeline’ al 131 114 o a nuestros trabajadores sociales”, respondió Centrelink en Twitter a la publicación de un usuario.

Alan Tudge, ministro de Servicios Humanos, defendió este miércoles el sistema al expresar que no tiene conocimiento de que haya personas que estén completamente convencidas de que no deben dinero, entre aquellas que han recibido una notificación.

Pese a las críticas “el sistema trabaja bien y lo mantendremos”, zanjó Tudge.

Los afectados pueden recurrir a través de Internet en un proceso donde tienen que sustentar sus argumentos con documentos referidos a sus ingresos.

No obstante, varios servicios de ayuda legal consideran que la apelación no es tan fácil, especialmente para las personas discapacitadas o cuya lengua materna no es el inglés.

El gobierno australiano, que busca sanear su presupuesto nacional, asegura que desde julio de 2016 ha recuperado unos 220 millones de dólares (208 millones de euros), que son parte de los más de 2.934 millones de dólares (2.770 millones de euros) del monto que se debe por cobros excesivos de la ayuda social.