Expresidente de Filipinas habría matado a miles de personas, según los fiscales de la CPI

Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) afirmaron el viernes que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, mató a miles de personas como parte de una campaña de “guerra contra las drogas” durante su mandato como alcalde de la ciudad de Dávao y luego como líder del país. Duterte está siendo juzgado por tres cargos de crímenes de lesa humanidad por los presuntos asesinatos.

Rodrigo Duterte mató a miles de personas durante su campaña antidrogas, alegó el viernes un fiscal de la Corte Penal Internacional, mientras concluía la audiencia por crímenes de lesa humanidad contra el ex presidente filipino.

Su equipo de defensa respondió que Duterte no asesinó a nadie y que el argumento de la fiscalía se basa en “rumores” y “conjeturas”, quedando muy por debajo del nivel necesario para confirmar los cargos en su contra.

“Está orgulloso de sus asesinatos. Quiere ser recordado por ellos”, dijo Julian Nicholls al resumir la postura de la fiscalía.

“Décadas de asesinatos de su propio pueblo, de los niños de Filipinas, y afirma que lo hizo todo por su país. No lo niega.

“Dirigió un escuadrón de la muerte en Dávao (ciudad) que él mismo creó. Lo dirigió durante más de 20 años antes de convertirse en presidente. Su promesa era matar a miles y lo hizo”.

A lo largo de la semana, un panel de tres jueces ha escuchado a la fiscalía, la defensa y a los representantes de las víctimas, mientras evalúan si el caso debe avanzar a un juicio completo.

Duterte no ha estado en la sala del tribunal. La defensa sostiene que está demasiado enfermo para asistir. Las víctimas dicen que no quiere enfrentar a los familiares de aquellos a quienes mató.

Se enfrenta a tres cargos de crímenes de lesa humanidad por su llamada “guerra contra las drogas”, cuando era alcalde de la ciudad de Dávao y luego presidente de Filipinas.

La fiscalía ha presentado 76 casos de presunto asesinato, que califican como una “fracción emblemática” de los fallecidos, cuyo número —según grupos de derechos humanos— asciende a miles.

El abogado defensor de Duterte, Nicholas Kaufman, al resumir su caso, dijo que si a su cliente se le podía reprochar algo, era su “elección inapropiada de lenguaje”.

“Pero no asesinó a nadie”, dijo Kaufman al tribunal.

Instó a los jueces a no confirmar los cargos y a permitir que Duterte “viva el resto de sus días en paz” en Filipinas.

Dijo que durante una visita para explicarle el proceso a su cliente, este “perdió el deseo de seguirme en menos de un minuto”.

Sin embargo, citó al exmandatario preguntándose cómo podían los fiscales demostrar que había asesinado a alguien, negando nuevamente las acusaciones en su contra.

Gilbert Andres, abogado que representa a las víctimas, concluyó diciendo que sus clientes experimentaron las réplicas de la defensa “como si sus seres queridos asesinados fueran asesinados otra vez”.

Pidió al tribunal que confirme los cargos para que las víctimas puedan ser “reintegradas en sus comunidades”.

Tras la audiencia, los jueces tendrán hasta 60 días para emitir un veredicto por escrito.

Pueden confirmar todos los cargos y proceder a juicio, desestimar algunos de ellos o rechazar el caso por completo, en cuyo caso Duterte quedaría en libertad.

*Adaptado de su original en inglés