España: lo que se sabe de la dimisión del director adjunto operativo de la Policía por presunta agresión sexual

La renuncia de José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional española, se produce después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella en su contra por presunta agresión sexual, coacciones y otros delitos. El caso abre un frente judicial con posibles repercusiones políticas.

La dimisión de José Ángel González, hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional española, se produjo el martes 17 de febrero, horas después de que el magistrado  David Yehiel Maman Benchimo, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, admitiera a trámite una querella presentada por una agente subordinada.

En la denuncia se le atribuyen a González presuntas agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos agravados por abuso de superioridad, según fuentes judiciales.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid citó a ambas partes a declarar el próximo 17 de marzo, a las 10:30 hora local, como parte del inicio de la investigación.

¿Qué se investiga?

Según el relato de la querella, los hechos investigados habrían ocurrido el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial del ministerio del Interior.

De acuerdo con el escrito presentado por la agente, en ese momento prestaba “servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada” y recibió, siempre según ella, “múltiples llamadas telefónicas” de José Ángel González requiriendo su presencia de forma “inmediata y perentoria”.

El escrito sostiene que, ante la negativa inicial y reiterada de la empleada, quien alegó motivos laborales, González la instó a abandonar su puesto de trabajo en un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada para reunirse con él con carácter urgente.

Según la querella, la agente llegó a un restaurante donde González, en su calidad de DAO, estaría comiendo con otro comisario. Posteriormente, ella y González se habrían trasladado a un inmueble donde, siempre según la parte denunciante, ella manifestó su incomodidad y su deseo de marcharse.

El documento añade que, en ese inmueble, González sirvió dos cervezas e inició “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual” hacia la mujer, un acercamiento que, según el escrito, fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la denunciante en todo momento.

La querella también señala que González habría efectuado varios tocamientos sin consentimiento, tras lo cual la mujer logró abandonar el domicilio y regresó primero a la comisaría de Coslada y después a su domicilio particular.

Entre las pruebas aportadas figura una grabación de audio realizada por la agente durante la noche de los hechos que, según su defensa, buscaba “autoprotegerse” ante una situación que describió como de riesgo.

El escrito, además, afirma que tras el incidente González habría iniciado una campaña de llamadas telefónicas y conductas que su defensa califica como “manipulación psicológica”, presuntamente con el objetivo de disuadirla de presentar una denuncia y ofreciéndole, siempre según la parte denunciante, compensaciones laborales a cambio de silencio.

La querella también solicita que se investiguen, siempre como presuntos delitos, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos, conforme a lo expuesto por el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, quien sostiene que el alto mando policial habría utilizado su posición para presionar a la agente.

Según la misma versión, el comisario Óscar San Juan González, asesor del DAO, se puso en contacto con la denunciante en julio de 2025 para ofrecerle un destino laboral a su elección a cambio de que no presentara la denuncia.

Por el momento, el funcionario está suspendido de sus funciones por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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¿Qué marco penal podría usarse?

Uno de los elementos centrales del caso es la relación de subordinación entre la denunciante y el acusado, quien ocupaba uno de los cargos más altos de la Policía Nacional.

La querella apunta a un uso de la autoridad institucional para ejercer control psicológico y presión profesional.

Los hechos podrían encuadrarse en el delito de agresión sexual con agravante de penetración, que es diferente al delito de agresión sexual básica del Código Penal español (artículo 179 del Código Penal), que lleva a pena de prisión de 4 a 12 años como norma general.

Sin embargo, el artículo 180 del Código Penal español prevé agravantes por abuso de superioridad o autoridad, lo que podría incrementar la pena hasta 15 años.

Consecuencias institucionales y políticas

Tras conocerse la investigación, González comunicó su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien la aceptó.

El ministro aseguró este miércoles que dimitirá si se lo pide la víctima. Dijo estar “decepcionado” con José Ángel González, cuyo cargo era de confianza y aseguró que en su ministerio se enteraron de los hechos el martes, 17 de febrero, cuando se conoció que el juzgado admitía a trámite la querella.

“De la única persona que podría yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, aseveró el ministro en el Congreso de los Diputados ante las peticiones de dimisión de la oposición.

El hasta ahora DAO ocupaba el cargo desde 2018, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, y era considerado el número dos de la Policía Nacional.

Su cargo lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece la normativa de la Dirección General de la Policía.

A nivel político, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la actuación de Interior por ser empática con la víctima al dar credibilidad a su denuncia y por actuar con “contundencia” y con “coherencia”, porque siempre ha considerado la violencia sexual un “mal estructural”.

Con EFE y medios locales