Estados Unidos intensifica deportaciones de migrantes a México sin acuerdos públicos y enfrenta críticas por violaciones a derechos humanos

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Entre enero de 2025 y agosto de 2026, Estados Unidos deportó a 25.427 personas hacia terceros países, según datos de ‘Forbidden Stories’. De ese grupo, cerca del 80% fueron enviados a México, pese a que esta nación no posee acuerdo público con Estados Unidos para recibirlos, como enfatizó el Gobierno mexicano en respuesta a periodistas. La mayoría de estos migrantes, mayoritariamente cubanos, relataron traslados de más de 30 horas en condiciones arduas: privación de agua, alimentos insuficientes y, en muchos casos, encadenados sin conocer su destino final. Además, gran parte denunció la imposibilidad de expresar temor a ser perseguidos, derecho garantizado por tratados internacionales, lo cual vulnera la protección básica al debido proceso migratorio, como recalca el derecho internacional citado en el informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La historia de Lorenzo Sánchez, nacido en Cuba, ilustra el trastorno humano y legal detrás de estas expulsiones. Sánchez, uno de los llamados “marielitos” que llegó a Miami tras el éxodo del Mariel en 1980, vivió décadas en Estados Unidos. Tras una antigua condena y dejar de presentarse ante autoridades, fue arrestado en 2025 y, tras una revisión, terminó siendo expulsado a México pese a que su país de origen no lo aceptó. Su relato recoge la experiencia de cientos de personas: tras su llegada, vivió meses en un albergue y luego en las calles, enfrentando dificultades para acceder a comida, medicamentos y un hogar, situación agravada por la pérdida de documentos que le impide acceder a derechos básicos, como resalta el profesor de Derecho Clínico, Ian Kysel.

Vicente, otro cubano entrevistado bajo anonimato, también narra una experiencia similar: después de migrar junto a su familia y agotar recursos legales ante tribunales estadounidenses, fue detenido y transferido entre centros de detención en condiciones inhumanas que, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch (HRW), incluyen hacinamiento, insuficiente atención médica y obstáculos al acceso a abogados. Ya en México, Vicente vive en la incertidumbre, sin autorización para trabajar y separado de su familia, reflejando el fenómeno de la apatridia de facto en que quedan atrapados muchos migrantes.

Las entrevistas y reportajes, realizados por una alianza internacional de 72 periodistas de 26 medios y recogidos por ‘Forbidden Stories’, destacan que México suele recibir a más personas deportadas desde Estados Unidos que cualquier otro país. Sin embargo, la débil infraestructura de refugios humanitarios, la falta de documentos y el limbo legal son problemas persistentes que exponen a estos migrantes a la exclusión, pobreza y riesgo. Autoridades mexicanas subrayan que la atención que brindan es humanitaria y que los procedimientos de regularización dependen de cada caso, aunque casos como el de José Alejandro Aponte demuestran que la burocracia y los rechazos son la norma.

Expertos y exfuncionarios, como Tonatiuh Guillén López, exdirector del Instituto Nacional de Migración, señalan que el cambio de enfoque en la política migratoria es resultado de presiones de Washington y derivó en medidas de control militarizado y prácticas que, según describe, equivalen a “crueldad”, provocando mayor vulnerabilidad entre quienes quedan varados lejos del país que los acogió y del que los vio nacer.

¿Por qué Estados Unidos deporta migrantes a terceros países como México y no a sus países de origen?

De acuerdo con las investigaciones de ‘Forbidden Stories’ y el informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, se firmaron órdenes ejecutivas para facilitar acuerdos internacionales y realizar ‘expulsiones a terceros países’. Esta política, impulsada para eludir los procesos habituales de deportación al país natal —especialmente cuando ese país no acepta el retorno—, se tradujo en traslados masivos hacia naciones como México, muchas veces mediante convenios confidenciales y sin permitir a los migrantes expresar temor razonable de persecución o solicitar asilo, como exige el derecho internacional.

¿Qué significa quedarse en situación de “apatridia de facto” tras ser deportado a México?

Permanecer en “apatridia de facto” implica carecer de reconocimiento legal de ciudadanía en cualquier país, pues el Estado de origen no acepta el retorno y el país receptor tampoco otorga plenos derechos o documentos de identidad. Según el profesor Ian Kysel, esto impide acceder a derechos fundamentales, como la atención médica, el trabajo o la comunicación familiar, situación considerada una vulneración de derechos humanos, atribuible tanto a México como a Estados Unidos cuando existe colaboración en estos traslados.