Exjuez español asumió la defensa de Álex Saab; su estrategia, presentarlo como víctima

El despacho de Baltasar Garzón confirmó que ya tiene en sus manos el caso del empresario colombiano, acusado de ser testaferro del dictador Nicolás Maduro.

La firma de abogados International Legal Office for Cooperation and Development, de Garzón, intentará mostrar a Saab como víctima de una estrategia política de presión contra Venezuela, de acuerdo con El País, de España.

De acuerdo con un comunicado del despacho del reconocido exjuez ibérico, citado por el medio, la defensa considera que Estados Unidos, que pidió en extradición al empresario barranquillero, está vulnerando derechos fundamentales de Saab, y está incurriendo en “malas prácticas”.

“Es importante destacar cómo muchas de las acciones judiciales en EE UU están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”, dice el documento, según el periódico.

Gazón, por su parte, no se quiso referir a la investigación, aunque ya se conoce que irá a instancias internacionales como el Tribunal Internacional de La Haya para comenzar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde, donde se encuentra preso Saab, por la “violación de la inmunidad jurisdiccional que tenía Álex Saab, como enviado especial de Venezuela”.

La defensa también alega que durante los 40 días que lleva preso el barranquillero, se le ha restringido el acceso al señalado testaferro de Maduro, agrega El Tiempo, sin contar que a Alejandro Correa Ortega, embajador de Venezuela que está muy pendiente del caso de Saab (con nacionalidad venezolana), no se le permitió ver al empresario.

Eso, dice el despacho de Garzón, es “una violación al derecho que tiene toda persona privada de libertad en un país extranjero a ser visitado y asistido por la autoridad consular (cónsul o embajador) que le representa“.

Finalmente el diario nacional asegura que la defensa considera que Saab puede ser sometido a “torturas, trato cruel, inhumano o degradante”, por tratarse, de acuerdo con el despacho, de un caso político.