Gentrificación en Ciudad de México: cuando el alquiler sube y el barrio desaparece

Más de 20.000 familias son “expulsadas” cada año de Ciudad de México por la falta de vivienda asequible, en un proceso de gentrificación que, según denuncian activistas, transforma barrios históricos en zonas exclusivas para visitantes y residentes de altos ingresos. La crisis, agravada por el auge del trabajo remoto y el crecimiento de plataformas de renta corta, ha detonado protestas, tensión social e intentos del gobierno capitalino por regular los alquileres y construir vivienda social. ¿Cómo se ve y se vive la gentrificación? Lo explicamos desde el terreno. 

En el corazón de Ciudad de México, una marcha avanza entre consignas y reclamos.

“¡La ciudad no se vende, la ciudad se defiende!”, gritan activistas, vecinos y jóvenes que cargan pancartas contra extranjeros, Airbnb, desarrolladoras y políticas urbanas que —aseguran— están despojando a miles de familias de sus viviendas.

La escena ocurre el 9 de agosto de 2025, en la cuarta edición de la marcha contra la gentrificación, un fenómeno urbano que en la capital mexicana se entiende como desplazamiento, especulación inmobiliaria y la desconfiguración de la vida barrial común. 

“Si queremos luchar contra la gentrificación lo primero que hay que hacer es no hablar inglés”, dice Miguel Ángel Ricaud Trillo, un youtuber que participa de la marcha anti-gentrificación en Ciudad de México.

Lo dice como una provocación durante un live. En su visión, hablar inglés —especialmente en espacios públicos como cafeterías, coworkings o calles— refuerza una dinámica servil hacia el visitante extranjero y termina por invisibilizar a quienes han vivido toda la vida en esos barrios. “Los extranjeros tienen que hablar español, pues vienen a México, ¿no?”, reclama. 

Pero el conflicto va más allá del idioma. Según el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035, cada año más de 20.000 familias son expulsadas por la falta de vivienda asequible.

La mayoría son desplazadas hacia la periferia, mientras sus antiguos hogares son transformados en departamentos boutique, estancias temporales o cafeterías de especialidad. Un éxodo interno que lleva años ocurriendo. 

En colonias como Roma, Condesa, Juárez y Centro, los precios son impagables para los locales y muy por encima del promedio nacional. Para muchos vecinos, el fenómeno se traduce en una pérdida de comunidad.

“La destrucción de las comunidades es el impacto más grave, esta destrucción se da por medio del desplazamiento de los vecinos uno a uno, muchas veces es un proceso silencioso, paulatino y constante”, explica a France 24, Braulio Gabriel, integrante del Frente Antigentrificación CDMX, movimiento que ha convocado a cientos de personas en las marchas.

La fuente agrega que “antes del desplazamiento también sufrimos síntomas que van mermando la vida en el barrio, por ejemplo hay un proceso de segregación: ya no puedes ir a los mismos lugares de antes, se pierden los espacios de convivencia, la comida y los servicios se encarecen, y después viene lo más difícil, el encarecimiento de la vivienda”. 

Las protestas más recientes se intensificaron a inicios de julio en colonias como Roma y Condesa, consideradas epicentros de la gentrificación. Decenas de personas salieron con carteles en mano, denunciando cómo el auge del trabajo remoto, impulsado por la pandemia, transformó sus barrios por completo. 

Bando 1, la respuesta oficial

La gentrificación es un fenómeno urbano que ocurre cuando zonas populares —habitadas principalmente por personas de ingresos bajos o medios— comienzan a recibir inversiones y mejoras en su infraestructura. Esto suele atraer a personas con mayor poder adquisitivo, lo que, con el tiempo, eleva el costo de vida en el área.

“Lo definiría más como una transformación de relaciones sociales en un espacio determinado”, explica Luis Alberto Salinas, miembro del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 

El experto es enfático en decir que el proceso es negativo. “Yo creo que es totalmente negativo. Negativo por las consecuencias que generan. Es decir, porque hay desplazamiento de población”, agrega. 

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Frente a esta presión social, a mediados de julio la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció públicamente la gravedad del fenómeno.

“La gentrificación representa la desaparición de negocios locales, la conversión de barrios y colonias en espacios de vivienda para el alojamiento temporal”, afirmó durante la presentación de un nuevo plan urbano. 

La mandataria anunció que su gobierno impulsará una ley de “rentas justas, razonables y asequibles” para regular los precios de alquiler y contener el desplazamiento de comunidades.

También se comprometió a reforzar la regulación de plataformas de renta temporal como Airbnb y priorizar la construcción de vivienda pública en zonas centrales. “No solamente es un tema de la ciudad, sino del mundo entero”, enfatizó Brugada, enmarcando la problemática dentro de una crisis urbana global.

La normativa incorpora 14 acciones estructurales con el fin de contrarrestar la expulsión de habitantes de barrios tradicionales.

Entre las primeras medidas anunciadas están la creación de una Defensoría Inquilinaria, así como la imposición de límites a los incrementos de renta que superen la inflación, para frenar aumentos injustificados de alquileres.

“Queremos una ciudad que no esté dividida, que no excluya a la gente, sino que la población se quede”, declaró Brugada durante la presentación oficial. 

La alcaldesa reconoció que la capital enfrenta una profunda crisis habitacional. Con más de 2.7 millones de viviendas distribuidas en 1.800 colonias, muchas de ellas se han vuelto inaccesibles para gran parte de la población.  “Más del 70% de la población vive en hacinamiento”, reconoció.

Salinas se muestra cauteloso sobre la estrategia y afirma que “debieron de haber estado planteándose ya desde hace más de tres décadas, por lo menos. Habría que dar tiempo a ver qué es lo que va a derivar de ello realmente”. 

Para Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, HIC-AL, el Bando 1 “es mucho más que una simple estrategia para construir vivienda social”. 

“Hay un marco jurídico muy endeble en relación a las relaciones inquilinarias, así como a la defensa del pequeño comercio, un observatorio del suelo. Lo que nos demuestra cómo este Bando está prestando atención a uno de los elementos fundamentales que están provocando la crisis de la vivienda: que es el hecho de que el suelo no está en manos del Estado, su precio no está siendo controlado, sino que está siendo objeto de una fuertísima especulación”, asegura.

Pero para Braulio Gabriel, miembro activo del Frente Antigentrificación, si bien el Bando 1 del Gobierno capitalino propone repoblar las zonas centrales con vivienda social, considera que la medida es necesaria, pero insuficiente. “No se trata únicamente de construir vivienda, sino de regular la que ya existe”, reclama. 

Desde ese colectivo señalan que, sin una ley inquilinaria que defienda a quienes alquilan, las promesas se quedan cortas. Según Braulio Gabriel, deben existir contratos de renta a largo plazo, topes reales de aumentos anuales y mecanismos para frenar prácticas discriminatorias por parte de arrendadores. 

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“La vivienda no puede seguir tratándose solo como un negocio”, insiste, y demandan que se prohíba destinar el suelo urbano disponible exclusivamente a desarrollos de lujo. Desde el movimiento ciudadano, piden al gobierno intervenir en casos de desalojos injustos, señalando que algunas inmobiliarias han usado maniobras legales para apropiarse de predios en zonas centrales mediante juicios fraudulentos.

¿”Sujeto gentrificador”?

En respuesta a expresiones de odio hacia personas extranjeras y agresiones verbales dirigidas contra elementos de la Policía durante las marchas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado enérgico a erradicar la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

“Todas y todos los seres humanos somos iguales”, comentó y advirtió que, incluso cuando surgen de causas legítimas como la protesta contra la gentrificación, “las manifestaciones xenofóbicas deben ser condenadas”.

“La gentrificación no es un tema de nacionalidades, sino de clases sociales y estructuras económicas”, afirma Braulio Gabriel, y defiende que no todas las expresiones “antigringas” pueden etiquetarse como xenofobia, ya que muchas “son expresiones anticoloniales que señalan relaciones históricas y presentes de dominación”. 

La migración procedente del norte global —agrega— tiene un impacto distinto por su poder adquisitivo, que presiona los precios de la vivienda y acelera el desplazamiento.

“La lucha no es contra quienes migran, sino contra quienes convierten el territorio en un bien de lujo”, insiste, señalando al Estado, a las inmobiliarias y a las plataformas digitales como actores centrales del fenómeno.

A pesar de la tensión durante las marchas, ve un efecto positivo: “Estas expresiones han abierto el debate, muchas personas están tratando de entender las causas reales de la gentrificación”. 

Para el investigador Salinas es riesgoso simplificar el fenómeno de la gentrificación culpando a los extranjeros, como si fueran los responsables directos del problema. Para él, esta narrativa es equivocada porque desplaza el foco de atención de las verdaderas causas estructurales y urbanas.

“El proceso de gentrificación no tiene nada que ver con una cuestión de nacionalidad”, subraya, al señalar que atribuir responsabilidad a un “sujeto gentrificador” es una forma de personalizar un proceso que es en realidad sistémico. 

Desde su perspectiva, reducir la gentrificación a un conflicto entre locales y extranjeros borra del análisis a los verdaderos actores con poder: los grandes inversionistas, las políticas públicas permisivas, las plataformas de renta temporal, y las lógicas del mercado inmobiliario, dice.

Salinas insiste en que cuando se culpa al extranjero individual, “se está sacando a alguien de la ecuación”, y eso impide ver que el problema radica en cómo se transforma el uso del espacio urbano, no en quién lo habita.

“El problema no es el extranjero que ejerciendo su derecho de movilidad, viene a México y goza de esta ciudad. El problema son todos los que están acaparando propiedades, están monopolizando los precios y están determinando el mercado”, coincide Emanuelli. 

Salinas subraya que en México se ha fomentado una política de atracción de inversión “a toda costa”, que derivó en la transformación del tejido urbano.

“Se busca que haya inversión a toda costa en el sector inmobiliario, el sector comercial… sin importar prácticamente las consecuencias que esto derive”, afirma.

Por su parte, Emanuelli comenta que “la sola llegada de la guía Michelin a Ciudad de México para determinar cuáles son los lugares que merecen la estrella o no, nos habla de una gourmetización considerada uno de los elementos de esta transformación de la ciudades en una especie de Disneylandia”, concluye.