Crisis en la frontera Ecuador-Colombia: aranceles, narcotráfico y la escalada de tensiones diplomáticas

La reciente reunión ministerial entre Ecuador y Colombia celebrada en Quito tuvo como protagonista la crisis bilateral surgida por la inseguridad en la frontera común, la actividad de grupos armados y el tema de los cultivos de coca. A lo largo de los últimos meses, estos factores han contribuido a un deterioro en la relación diplomática, provocando la aprobación de medidas de defensa comercial, como aranceles cruzados, entre ambas naciones. Según las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la raíz de la discordia se encuentra en "la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur", mientras que desde Bogotá se hizo hincapié en la necesidad urgente de "fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional".

En la cita ministerial, ambas delegaciones coincidieron en que la problemática compartida requiere acciones conjuntas enfocadas a la erradicación de los cultivos ilícitos de coca, la lucha contra la minería ilegal y un reforzamiento en el control fronterizo. Estas tareas se impulsarían con la ayuda de nuevas tecnologías y el intercambio de información relevante. Ecuador, que recientemente impuso un arancel del 30 % a productos provenientes de Colombia, justificó esta medida con el argumento de que sus fuerzas armadas operan en solitario contra organizaciones criminales relacionadas al tráfico de drogas en la línea fronteriza. Colombia, por su parte, solicitó levantar el arancel, pero la respuesta ecuatoriana fue que analizarían esa posibilidad en una etapa posterior.

Frente a esta postura, el gobierno colombiano anunció su intención de interponer una demanda contra Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN), invocando el presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena. Esta disputa evidencia la complejidad de una frontera de más de 580 kilómetros, transformada en una de las principales rutas de las economías ilegales en la región andina. En este contexto, los cultivos de coca, las rutas de tráfico de cocaína hacia el Pacífico, la minería ilegal y el contrabando convergen en áreas caracterizadas por una escasa presencia estatal y altos niveles de inseguridad.

Las autoridades de ambos países han identificado como peligrosa la evolución de la zona fronteriza. No solo se trata de un espacio de tránsito para el narcotráfico, sino también de un escenario donde se incorporan eslabones complejos de la cadena de producción, protección armada de cargamentos y control social ejercido por grupos ilegales. La violencia de estos actores afecta tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil, siendo el asesinato de 11 militares ecuatorianos en mayo de 2025, un hecho que subraya la gravedad de la situación.

Por otro lado, varias agrupaciones armadas, tales como Comuneros del Sur y Comandos de Frontera —adscritos a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano—, mantienen actividad a ambos lados de la frontera. Particularmente en Ecuador, han incursionado en provincias como Esmeralda y Carchi, participando incluso en negociaciones de paz promovidas por el gobierno colombiano. El vínculo entre estos grupos y organizaciones ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros se ha mantenido principalmente alrededor de la producción y distribución de sustancias ilícitas, así como los negocios ilegales derivados de la minería.

¿En qué consiste específicamente el acuerdo de la Comunidad Andina (CAN) que Colombia menciona ante su disputa con Ecuador?

Este interrogante adquiere relevancia para comprender el fondo de la controversia comercial desatada entre ambos países. El Acuerdo de Cartagena es el marco fundacional de la Comunidad Andina, que promueve la integración comercial y la eliminación de barreras arancelarias entre los países miembros. La decisión de Ecuador de aplicar un arancel del 30 % a productos colombianos plantea dudas sobre la compatibilidad de la medida con los compromisos adquiridos en el seno de la CAN, cuestión que ahora será revisada a instancias del reclamo colombiano.

Entender el alcance y los límites de este marco normativo resulta fundamental para anticipar el desenlace de la disputa y su eventual incidencia en la cooperación regional, tanto en lo comercial como en la lucha contra el crimen organizado transnacional.