De aliados a rivales: así se fracturó la relación entre Colombia y Ecuador por el caso Jorge Glas

La relación bilateral entre los gobiernos de Colombia y Ecuador ha transitado de la cercanía inicial a una serie de tensiones notables en los últimos años. Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro fue el único jefe de Estado en asistir a las dos ceremonias de investidura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en 2023 y 2025, la confianza mutua se ha erosionado significativamente, en especial tras el acercamiento de Noboa a la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, un giro político que marcó distancia con el enfoque colombiano.

La primera fractura se originó con el polémico operativo para detener al exvicepresidente Jorge Glas, cercano al exmandatario Rafael Correa. Noboa ordenó el ingreso de fuerzas a la Embajada de México en Quito, donde Glas había recibido asilo, buscando evitar su extradición para purgar una condena de ocho años por corrupción. En respuesta, Petro suspendió los encuentros anuales de los gabinetes binacionales, reuniones clave donde mandatarios y sus ministros abordaban asuntos estratégicos para ambos países, en un acto de solidaridad con México.

Pese a la tensión, un nuevo canal de diálogo surgió al atravesar Ecuador una profunda crisis energética a finales de 2024. Los racionamientos impusieron cortes eléctricos de hasta 14 horas diarias. La provisión de electricidad por parte de Colombia permitió un respiro. Fue entonces cuando ambos presidentes se reunieron en las Islas Galápagos para renovar compromisos de cooperación. El encuentro quedó en la memoria pública tanto por la reactivación de los gabinetes binacionales y los acuerdos para reforzar el control fronterizo frente al narcotráfico, como por la llamativa vestimenta de Noboa durante la cita.

El clima de entendimiento resultó efímero. Tras la reelección de Noboa, Petro expresó dudas sobre la legitimidad de los resultados y pidió la liberación de Glas, a quien calificó de "preso político". Esto motivó a Noboa a cancelar encuentros bilaterales acordados, intensificando la fricción.

Luego, Petro decidió quedarse algunos días adicionales en la ciudad costera de Manta, levantando suspicacias en el gobierno ecuatoriano respecto a los motivos de su estadía, sobre todo por las recurrentes noticias que sitúan la ciudad como un enclave de bandas criminales.

La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Petro otorgó la nacionalidad colombiana a Glas en septiembre, buscando presionar por su liberación. Noboa respondió trasladando a Glas a una prisión que simboliza su política de seguridad y mano dura, inspirada en el modelo penitenciario del presidente Nayib Bukele en El Salvador. La escalada continuó más allá de lo diplomático: nuevos aranceles del 30% impuestos por Ecuador llevaron a una respuesta idéntica de Colombia, incluyendo el corte de suministro eléctrico, profundizando la crisis entre ambos países.

La secuencia de eventos revela cómo las decisiones alrededor de actores políticos como Jorge Glas han servido como catalizador del progresivo distanciamiento diplomático. Al mismo tiempo, las medidas económicas adoptadas muestran que las repercusiones trascienden el ámbito político y afectan de modo directo a la economía y a la cotidianidad de ambas naciones.

¿Por qué la figura de Jorge Glas ha sido tan relevante en la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador?

La importancia de Jorge Glas en la ruptura diplomática radica en su condición de exvicepresidente, condenado por múltiples casos de corrupción y símbolo de una política alineada con el correísmo en Ecuador. Su solicitud de asilo en la Embajada de México, su captura ordenada por Noboa, el otorgamiento posterior de la nacionalidad colombiana por parte de Petro y el traslado a un polémico centro penitenciario, han convertido a Glas en eje de disputas sobre soberanía, derechos humanos y tensiones geopolíticas regionales.

La figura de Glas conecta directamente a los liderazgos de Petro y Noboa con el debate sobre la legitimidad institucional y el uso político del sistema judicial. Su caso ejemplifica cómo una situación individual puede escalar y ser utilizada por ambos gobiernos para delinear su postura frente a la comunidad internacional, la justicia y la seguridad en la región.