Condenados autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco: ¿cómo el caso desveló una trama de corrupción?

A casi ocho años de su muerte llega la condena contra los ideólogos del asesinato de la concejal y activista de derechos humanos, Marielle Franco. En una votación unánime, el Supremo Tribunal Federal de Brasil halló culpables a cinco personas de planear el crimen, incluidos dos políticos. En 2024, dos expolicías fueron condenados como autores materiales del crimen, un caso que desveló una trama de corrupción.

A pocos días de cumplirse el octavo aniversario de su asesinato– el 18 de marzo–la Justicia da cierre a uno de los crimenes que más ha impactado a Brasil y la región, aunque el daño es irreparable.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal condenó por unanimidad este miércoles 25 de febrero a cinco hombres como autores intelectuales del crimen, que también acabó ese día con la vida del conductor de la activista, Anderson Gomes.

Se trata de João Francisco (“Chiquinho”) Brazão, exdiputado federal, su hermano Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro (TCE-RJ), su asistente Robson Calixto Fonseca; el investigador policial Rivaldo Barbosa y el expolicía Ronald Paulo Alves Pereira.

En concreto, los magistrados condenaron a los hermanos Brazão, Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca por doble homicidio e intento de homicidio. 

Los Brazão y Robson también fueron condenados por asociación delictiva. Y el quinto acusado, el funcionario policial, Rivaldo Barbosa, fue hallado culpable de obstrucción a la Justicia y corrupción pasiva.

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Corrupción política y milicias: la trama detrás del crimen que conmocionó a Brasil

El asesinato de la concejala Marielle Franco el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro no fue solo un crimen político, sino un punto de inflexión que expuso una compleja red de corrupción que involucraba a políticos, milicias parapoliciales y agentes del Estado. Ocho años de investigaciones, detenciones y juicios han revelado que el crimen no fue un acto aislado, sino parte de un entramado criminal con intereses económicos y políticos profundamente arraigados en el poder público brasileño.

Las revelaciones posteriores no solo permitieron identificar a los ejecutores materiales, sino también a los autores intelectuales y a funcionarios que habrían manipulado la investigación. Este caso se convirtió en un símbolo de cómo las estructuras criminales pueden infiltrarse en las instituciones del Estado.

Desde el principio, las autoridades sospecharon que el crimen tenía motivaciones políticas. Las investigaciones confirmaron que el asesinato fue ordenado por figuras políticas influyentes vinculadas a esquemas ilegales de apropiación de tierras. 

Los fiscales sostuvieron que el crimen buscaba proteger intereses económicos vinculados al control ilegal de tierras, un negocio altamente lucrativo en Río de Janeiro y tradicionalmente dominado por milicias.

Uno de los aspectos más reveladores del caso fue la conexión entre el asesinato y las milicias, grupos paramilitares compuestos principalmente por expolicías, policías activos y otros agentes de seguridad.

Estas organizaciones, que originalmente surgieron como supuestos grupos de autodefensa contra el narcotráfico, evolucionaron hasta convertirse en redes criminales que controlan territorios, extorsionan a residentes y operan negocios ilegales, incluyendo el control del mercado inmobiliario informal.

Las investigaciones demostraron que los hermanos Brazão estaban vinculados a estas milicias y que Franco representaba una amenaza directa a sus intereses políticos y económicos.

Su labor como concejala incluía proyectos de regulación urbana y defensa del derecho a la vivienda, iniciativas que podían interferir con esquemas ilegales de apropiación de tierras controlados por milicias y sus aliados políticos. 

El asesinato fue ejecutado por dos expolicías militares: Ronnie Lessa– quien disparó contra el vehículo de Franco–y Élcio de Queiroz, quien conducía el automóvil utilizado en el ataque. Lessa recibió una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión, junto con 30 días de multa, mientras que Queiroz fue condenado a 59 años y 8 meses, además de 10 días de multa.

La implicación de expolicías no fue casual, sino representativa de un patrón en Río de Janeiro, donde las milicias suelen estar formadas por agentes de seguridad activos o retirados. Estas estructuras operan con conocimientos tácticos, acceso a armas y redes dentro del Estado.

Su testimonio fue clave para identificar a los autores intelectuales, revelando la existencia de una organización criminal estructurada.

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El encubrimiento dentro de las instituciones

Uno de los elementos más graves que surgieron del caso fue la implicación de altos funcionarios del Estado en el encubrimiento del crimen.

Entre los condenados figura Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, acusado de obstruir deliberadamente la investigación. Según los fiscales, su papel consistió en dificultar la identificación de los autores intelectuales y garantizar su impunidad.

El hecho de que el propio jefe policial encargado de investigar el asesinato fuera acusado de participar en el encubrimiento evidenció la profundidad de la corrupción dentro de las instituciones encargadas de garantizar la Justicia en Brasil.

Este elemento fue clave para demostrar que el asesinato formaba parte de una red criminal con acceso a los mecanismos del Estado.

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Con medios locales