Vapeadores y tabaco: cómo los cárteles mexicanos convirtieron un mercado prohibido en fuente millonaria

Especialistas en seguridad y representantes de la sociedad civil de México han prendido las alarmas ante el crecimiento acelerado del mercado ilícito de vapeadores y tabaco, según se planteó en la presentación del informe titulado Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por la organización Defensorxs. Este documento revela que los mercados de tabaco y vapeadores, considerados durante años como sectores marginales, han tocado un punto crítico al convertirse en vías estratégicas de financiamiento para siete cárteles mexicanos. Entre ellos destacan organizaciones que, como enfatiza el texto, han sido catalogadas recientemente por Estados Unidos como bandas terroristas.

Un dato contundente extraído del informe expone el salto espectacular del valor del mercado negro del tabaco, el cual subió de 5 mil a 20 mil millones de pesos anuales en apenas dos años. Este crecimiento ha sido capitalizado por grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, quienes han logrado construir complejas redes que integran diversas fases del negocio ilícito: desde la fabricación clandestina e importación fuera de la ley, pasando por el robo de cargamentos, hasta la distribución minorista y la extorsión.

La prohibición sobre los vapeadores tuvo un efecto inmediato: abrió la puerta a un mercado clandestino captado al instante por los cárteles. Estos grupos dominan desde la importación —proveniente principalmente de Asia— hasta el reempaque, la venta en plataformas digitales y la distribución, en la cual utilizan menores de edad como canales en escuelas y mercados ambulantes. Entre las aristas más preocupantes figuran la extorsión por parte de autoridades policiales favorecida por la falta de una regulación precisa, el reclutamiento de menores, el blanqueo de capitales por medio de empresas fantasma y la dificultad para rastrear las ventas digitales.

El informe señala que facciones conocidas como los Chapitos tienen el control sobre el comercio de vapeadores, mientras La Unión Tepito ha intensificado relaciones con proveedores asiáticos para asegurar la oferta en la Ciudad de México. El Cártel del Noreste no solo se financia con vapeadores, sino que ha lanzado su propia marca (CDN), en tanto que el Cártel del Golfo ha diversificado sus rutas ilegales hacia Texas, intentando sortear la creciente presión internacional contra el tráfico de fentanilo.

El fenómeno no se limita al vapeo. En el caso del tabaco, el informe estima que dos de cada diez cigarros en México son de origen ilícito, consolidando un mercado que mueve entre 15 y 20 mil millones de pesos anualmente. El CJNG opera fábricas clandestinas en distintos estados y la Nueva Familia Michoacana lo emplea para reforzar su control territorial, especialmente en la región de Tierra Caliente. Cárteles Unidos, el Cártel de Golfo y el Cártel del Noreste siguen la misma senda de financiamiento irregular.

De acuerdo con Defensorxs y lo señalado por el periodista Óscar Balderas, la convergencia de siete cárteles en estos sectores les ha proporcionado una fuente de recursos que sostiene no sólo operaciones cotidianas, sino también la adquisición de armas, el reclutamiento forzoso, el control de territorios y las confrontaciones armadas, afectando al menos a 16 estados considerados de alto riesgo. Debido a esta sofisticación del mercado criminal, los especialistas enfatizan la necesidad de que México rechace políticas prohibicionistas que favorecen el crecimiento de los cárteles y, en cambio, adopte una estrategia basada en reglas claras, rastreabilidad eficiente de productos y supervisión aduanera rigurosa.

¿Qué riesgos implica el reclutamiento de menores en la distribución de vapeadores?

El informe describe el preocupante uso de menores de edad por parte de los cárteles para distribuir vapeadores en escuelas y mercados ambulantes. Esta práctica incrementa la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, quienes quedan expuestos a actividades delictivas y posibles represalias. Además, representa un fenómeno complejo donde la delincuencia organizada utiliza nuevas formas de captación y explotación, agravando el entorno de inseguridad y dificultando aún más la intervención de las autoridades.

Esta tendencia no solo compromete el bienestar y futuro de los menores involucrados, sino que también complica la capacidad del Estado para combatir el mercado ilícito, pues los mecanismos de control tradicional no consideran la protección de estos sectores vulnerables. La gravedad de este riesgo resalta la urgencia de políticas integrales que aborden tanto la seguridad pública como la protección de la infancia.