Dictador Maduro amenaza con cárcel a quien se manifieste y afecte Constituyente

El gobierno venezolano advirtió que los "delitos electorales" serán castigados con penas de 5 a 10 años de prisión.

“Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, dijo este jueves el ministro de Interior, general Néstor Reverol, un día antes de una gran marcha opositora en Caracas.

En tal sentido, el funcionario advirtió que “quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado (…)”.

La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado para este viernes a una movilización, a la que denominó “toma de Caracas”, como parte de una fase superior de presión para que el gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro retire su propuesta a la elección Constituyente.

Además, las Fuerzas Armadas (FFAA) venezolanas tomarán el control de varios cuerpos estatales y municipales de la Policía desde el viernes hasta que finalice el proceso electoral de este domingo.

“Hemos acreditado un personal de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) que estarán encargados y tendrán el control operacional de los cuerpos estatales de Policía y 19 cuerpos municipales de Policía”, anunció Reverol, en una intervención conjunta con los titulares de Defensa y del Poder Electoral.

El ministro adelantó además medidas habituales como el control excepcional de los puntos fronterizos, la prohibición de la venta de alcohol o el desplazamiento de maquinaria pesada.

Entre las medidas está también la ratificación de la prohibición de la comercialización de artefactos pirotécnicos y de elevación por combustible sólido.

Las elecciones a la Constituyente llegan en medio de numerosos actos de desobediencia civil promovidos por la oposición para impedir un proceso que considera fraudulento.

Gobernadores y alcaldes de la oposición tienen bajo sus órdenes algunos de los cuerpos de Policía regional que serán intervenidos a partir del viernes 28 de julio.

El país atraviesa una oleada de protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro, y que ha dejado 107 fallecidos luego de que algunas de estas manifestaciones desembocaran en actos violentos.

Con EFE