Bovino dejará Minneapolis mientras Trump reorganiza la operación migratoria

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha dirigido las agresivas operaciones migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, dejará Minneapolis este martes, según fuentes citadas por The Associated Press, tras el fuerte rechazo político provocado por el tiroteo mortal del sábado en el que murió el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti. 

Los cambios en el comando de la misión de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis se concretarán este martes. El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, abandonará la ciudad, según una fuente familiarizada con el caso citada bajo anonimato por la agencia The Associated Press.

La reorganización del liderazgo de la operación federal de control migratorio se produce en un contexto de reducción de la presencia federal en Minneapolis, tras un segundo tiroteo mortal protagonizado por agentes federales el sábado 24 de enero.

Bovino aseguró que el hombre abatido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, planeaba “masacrar” a agentes del orden. Sin embargo, videos grabados por testigos contradicen esa versión y las autoridades no han logrado corroborar las afirmaciones del Gobierno.

Ante la fuerte reacción política, que reavivó las dudas sobre la conducción de la operación, el presidente Donald Trump anunció que Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, asumirá el mando de la misión y reportará directamente a la Casa Blanca.

Autoridades locales, defensores de los derechos civiles y demócratas en el Congreso han criticado duramente el liderazgo de Bovino en redadas federales que desencadenaron manifestaciones masivas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis.

Decenas de manifestantes se congregaron frente a un hotel donde creían que se hospedaba Bovino, golpeando ollas, usando silbatos y tocando un trombón. La policía mantuvo a los manifestantes alejados de la entrada del establecimiento.

Trump busca rebajar la tensión

Después de la muerte de Pretti, Donald Trump ha tratado de rebajar el tono de la ofensiva en Minnesota, incluso a través de conversaciones que calificó de “productivas” con el gobernador y con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien pidió al presidente, durante una llamada telefónica, que pusiera fin al despliegue reforzado de control migratorio.

Trump coincidió en que la situación actual no puede continuar.

Frey afirmó que seguirá presionando para que otros implicados en la Operación Metro Surge, del ICE, se retiren y que planea reunirse con Homan.

El gobernador demócrata Tim Walz, que había alertado con firmeza sobre la segunda muerte a manos de ICE en Minneapolis, y Trump mantuvieron también una conversación telefónica. Posteriormente, ambos ofrecieron declaraciones que marcaron un cambio notable respecto a sus intercambios críticos anteriores.

“En realidad, parecíamos estar en una sintonía similar”, escribió Trump en redes sociales. Walz calificó la llamada de “productiva” y subrayó la necesidad de investigaciones imparciales sobre los tiroteos.

Trump afirmó que su administración busca a “cualquiera y a todos los criminales” que el estado tenga bajo custodia. Walz respondió que el Departamento Correccional de Minnesota cumple las solicitudes federales relativas a personas detenidas.

La batalla judicial

El lunes 26 de enero, abogados del gobierno federal, del estado de Minnesota y de las ciudades de Minneapolis y St. Paul comparecieron ante la jueza federal Katherine Menendez, quien evalúa si concede solicitudes para suspender temporalmente la operación migratoria.

Menendez indicó que el caso tiene carácter prioritario y, más tarde ese mismo día, ordenó al gobierno federal presentar un escrito adicional para responder a la acusación del estado y de las ciudades demandantes, que sostienen que la Operación Metro Surge busca castigarlas por mantener leyes y políticas de “ciudades santuario”.

Los abogados del estado y de las llamadas Ciudades Gemelas argumentaron que la situación en las calles es tan grave que exige que el tribunal detenga las acciones de control del gobierno federal.

“Si esto no se detiene aquí y ahora, no creo que nadie que analice seriamente este problema pueda tener mucha confianza en el futuro de nuestra república”, declaró el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter.

La jueza cuestionó las motivaciones del gobierno detrás de la ofensiva y expresó escepticismo ante una carta enviada recientemente por la fiscal general Pam Bondi a Walz, en la que solicitaba acceso a los padrones electorales, a registros estatales de Medicaid y de ayudas alimentarias, así como la derogación de las políticas santuario.

Y al debatir la posibilidad de que agentes federales ingresen a viviendas sin orden judicial, Menendez mostró reticencia a pronunciarse sobre cuestiones que aún no han sido planteadas formalmente en la demanda.

El estado de Minnesota y las ciudades demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a principios de enero de 2026, cinco días después de que Renee Good fuera abatida por un agente del ICE.

Durante la audiencia, un abogado del gobierno federal afirmó que hay unos 2.000 agentes del ICE desplegados en el estado, junto con al menos 1.000 agentes de la Patrulla Fronteriza.

La demanda solicita que la jueza ordene reducir el número de agentes federales al nivel previo al despliegue reforzado y que limite el alcance de la operación.

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El caso podría sentar precedente para otros estados que han sido o podrían convertirse en objetivos de operaciones federales intensificadas de control migratorio.

De todas maneras, en apoyo a Minnesota, los fiscales generales de 19 estados, además del Distrito de Columbia y encabezados por California, presentaron un escrito amicus curiae (una opinión legal expuesta ante un tribunal por alguien que no es parte directa del caso). 

Otro frente judicial

En un caso separado, el juez federal Eric Tostrud decidió tomarse tiempo para evaluar una petición del Departamento de Justicia que busca anular una orden dictada el sábado 24 de enero por la noche, la cual impide a la administración Trump destruir o modificar pruebas relacionadas con el tiroteo.

Abogados de la Oficina Estatal de Investigación Criminal dijeron al juez que no pueden confiar en que el gobierno federal preserve las pruebas, citando la falta de cooperación de las autoridades federales y el bloqueo de acceso a la escena.

Por su parte, los abogados del gobierno federal sostuvieron que la orden temporal debería levantarse, al asegurar que sus investigadores están siguiendo los procedimientos adecuados de preservación de pruebas. También rechazaron que el tribunal intervenga en los detalles de la investigación, al considerar inapropiado que el juez determine qué pruebas puede examinar el estado mientras la investigación federal continúa.

Con AP