Ríos rojos y cielos grises: el impacto del gigante siderúrgico más poderoso de Europa

Esta investigación transfronteriza sigue la ruta del acero de ArcelorMittal —desde las minas africanas hasta las plantas europeas y las zonas de sacrificio en América Latina—, mostrando cómo la búsqueda mundial del llamado “acero verde” está vinculada con campesinos desplazados en Liberia, crimen organizado en México y contaminación en Europa. 

En Ayotitlán, entre Jalisco y Colima, los caminos son brechas de piedra y el autobús que sube a la comunidad a veces no llega. Trae arroz, jabón y pomadas: la única infraestructura visible del Estado. Lo que falta es agua. “No hay pozo, no hay red, no hay nada”, dice una mujer junto a su hija.

A 45 kilómetros está Peña Colorada, la mina de hierro más grande de México que opera bajo la razón social Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, controlado al 50% por ArcelorMittal y al 50% por Ternium. 

Cada tonelada de mineral tiene un destino asegurado: plantas siderúrgicas que alimentan cadenas de acero en América y Europa. Peña Colorada extrae casi cuatro millones de toneladas de hierro al año.

Para lograrlo, tres explosiones diarias hacen temblar la montaña. Pero no solo tiembla la tierra. En las comunidades nahuas, la palabra más repetida no es “empleo”, sino “miedo”.

En noviembre de 2023, Higinio Trinidad de la Cruz —autoridad nahua que denunció tala y despojo en la sierra de Manantlán— fue hallado muerto con huellas de tortura, horas después de haber salido del palacio municipal escoltado por policías. Su esposa, María Hermenegildo, sobrevivió y hoy vive bajo amenaza.

No es un caso aislado. Organizaciones locales documentan una secuencia de violencia: al menos cinco defensores ambientales de la Sierra de Manantlán fueron asesinados entre el año 2020 y 2023.

En la zona, vecinos señalan la convergencia de intereses mineros, autoridades locales y grupos armados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La empresa opera con concesiones que cubren 39.000 hectáreas concesionadas, algunas colindantes con la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y con ejidos indígenas nahuas. Las comunidades insisten en que nunca fueron consultadas de forma libre, previa e informada, como exige el Convenio 169 de la OIT.

Liberia: el agua roja de Nimba

En el condado de Nimba, al norte de Liberia, comunidades como Bonlah y Yekepa viven junto a la mina de hierro que ArcelorMittal explota desde la primera década del siglo XXI.

Tras dos guerras civiles, la llegada de una de las mayores acereras del mundo fue presentada como un punto de inflexión: trabajo, carreteras, escuelas, acceso al ferrocarril que cruza el país hasta el puerto de Buchanan.

Dos décadas después, muchas de esas promesas quedaron en papel. El agua baja rojiza desde la montaña y los vecinos aseguran que enferma.

“Les dijimos que somos una de las comunidades más afectadas y que necesitamos agua potable, pero no responden”, dice Josiah Diah. 

La Agencia de Protección Ambiental de Liberia ha multado a ArcelorMittal por contaminación y exigir compensaciones y fuentes de agua tratada, pero las comunidades dicen que nada cambió. El problema, dicen, no es solo sanitario sino político.

La compañía controla la mina, el ferrocarril y la terminal portuaria de Buchanan, por donde exporta el mineral. El acuerdo original con el Estado liberiano preveía inversiones sociales a cambio de ese control.

Con los años, la empresa intentó ampliar el contrato para aumentar la producción y prolongar derechos sobre infraestructura clave.

El Parlamento había frenado el proyecto en 2022, citando preocupaciones ambientales. Pero ahora todo indica que se aprobará. El borrador de la extensión propone incorporar una cláusula de supremacía contractual que colocaría los derechos de AML por encima de nuevas leyes liberianas, y mantener bajo su gestión la infraestructura clave de ferrocarril y puerto.

En contraprestación, el Estado recibiría una tasa anual simbólica de unos 500.000 dólares, según fuentes liberianas.

Aunque la empresa declara haber invertido más de 1.000 millones de dólares en Liberia desde su llegada, la mayoría de los beneficios se concentran fuera del país.

En Nimba, más del 70 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el desempleo juvenil supera el 60 %.

Mientras tanto, la compañía planea aumentar las exportaciones hacia Europa. Las comunidades locales aseguran que ese crecimiento no viene acompañado de agua potable, empleo estable ni reparación de viviendas afectadas por las voladuras en la montaña.

“Si no van a cumplir, que se vayan”, dice Josiah.

Dunkerque: una nube de promesas

El hierro de Liberia viaja a Europa, donde termina convertido en acero en las plantas de Gijón y Dunkerque que hoy viven bajo una doble presión: ambiental y económica.

En Dunkerque, el problema no es solo la contaminación sino los despidos. En 2025, ArcelorMittal anunció más de 600 recortes en Francia, la mitad en esta ciudad, alegando pérdidas por la crisis del acero europeo.

Los sindicatos interpretan la reducción como el primer paso de un desmantelamiento.

“Si caen los primeros 600, después vendrá el resto. Aquí una de cada cinco familias depende directa o indirectamente de la acería”, advierte Gaëtan Lecocq  un delegado sindical.

La empresa niega un cierre encubierto y sostiene que Europa sigue siendo estratégica. Sin embargo, mientras en el continente habla de ajuste, en India el grupo amplía su capacidad con altos hornos alimentados con carbón tradicional.

Sindicatos y expertos interpretan ese movimiento como una deslocalización silenciosa: menos inversión ambiental en Europa, más producción en países con normas laxas.

El trasfondo es la palabra que domina el discurso político europeo: descarbonización. La producción de acero depende de hornos a carbón, responsables de la mayoría de las emisiones del sector.

Bruselas exige reducciones drásticas para 2030 y neutralidad en 2050 y varios gobiernos prometieron miles de millones para reconvertir hornos de carbón en tecnologías menos contaminantes.

La alternativa es el reciclaje de chatarra en hornos eléctricos o la sustitución del carbón por gas e hidrógeno verde. En teoría, esa es la ruta del “acero verde”. En la práctica, requiere electricidad barata, hidrógeno a gran escala y una inversión enorme. Francia comprometió apoyo público a ArcelorMittal para instalar una unidad DRI y hornos eléctricos en Dunkerque. El plan fue presentado como una apuesta conjunta Estado–industria para mantener empleo y reducir emisiones. Meses después, la propia empresa congeló el proyecto clave y anunció recortes de personal.

Gijón: todo se oxida

En los barrios de La Calzada y El Lauredal, una lluvia metálica cubre balcones y ropa tendida. Vecinos denuncian tos crónica, polvo rojizo y metales que pueden recogerse con un imán.

La planta de ArcelorMittal Asturias (Gijón-Avilés) sigue siendo una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero de España y la última del país que aún quema carbón.

En 2024, la empresa reconoció que su huella de carbono total se mantuvo estable, en torno a 7,6 millones de toneladas de CO₂, y que el coste del CO₂ se duplicó en tres años pese a una reducción del 10 % de emisiones, representando ya el 25 % de los costes de producción en Asturias.

Colectivos vecinales y ecologistas reclaman desde hace años la instalación de filtros de mangas que reduzcan las emisiones, pero el Principado de Asturias permitió sustituirlos por una chimenea de 60 metros para dispersar el humo.

Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), esta decisión permitió a la empresa “contaminar más de lo permitido” durante años.

De acuerdo con el registro PRTR-España, el último año disponible (2023) la planta generó 87.832 toneladas de residuos no peligrosos.

El informe de Ecologistas en Acción (2025) advierte que la contaminación por partículas (PM10 y PM2.5) en Gijón sigue muy por encima de los límites recomendados por la OMS, y que las reducciones registradas —del 11 % y 16 % respecto a la media 2012-2019— son “insuficientes”.

En la zona oeste de la ciudad, donde operan las instalaciones, los niveles de benzo(a)pireno, un hidrocarburo cancerígeno, alcanzaron en 2024 0,53 ng/m³, la concentración más alta de España.

La organización denuncia que las medidas anunciadas por ArcelorMittal son “cosméticas, sin calendario ni compromisos reales de descarbonización” y que la empresa minimiza su responsabilidad ambiental.

Pese a los compromisos, Gijón sigue superando los niveles de contaminación recomendados por la OMS.

En 2024, ArcelorMittal España invirtió 197 millones de euros (un 29,6 % más que en 2023) e inició la construcción de una acería eléctrica de 213 millones prevista para 2026.

El proyecto de planta de reducción directa de mineral (DRI), con ayuda pública de 450 millones de euros, permanece en suspenso, según la propia empresa.

Del polvo del sur al humo del norte, la ruta del acero revela un mismo patrón: el progreso viaja siempre en una sola dirección. Y deja tras de sí ríos rojos y cielos grises.

Este reportaje es parte de una investigación que fue posible gracias al apoyo del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) y de Journalismfund Europe. 

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