La policía registra la sede de un partido de ultraderecha en Francia

Este miércoles, agentes de la brigada financiera y dos jueces judiciales llevaron a cabo un allanamiento en la sede del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) en París, según confirmó su presidente, Jordan Bardella, quien calificó la acción como un acto de “ensañamiento”.

La intervención se enmarca en una investigación iniciada en julio de 2024 por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales del RN, tanto en las presidenciales y legislativas de 2022 como en las europeas de 2024, informó la fiscalía de París.

Cabe recordar que en marzo pasado, el partido fue condenado por malversación de fondos públicos europeos, fallo que incluyó la inhabilitación inmediata de su líder histórica, Marine Le Pen, por un periodo de cinco años.

Según Bardella, el allanamiento comenzó a las 08H30 e incautaron “todos los correos, documentos y elementos de contabilidad”. “Sin que sepamos cuáles son exactamente los motivos”, aseguró.

El presidente del partido de Le Pen indicó además que el registro también incluyo “las oficinas de los dirigentes” y que tomaron los expedientes de las últimas elecciones regionales, presidencial, legislativas y europea.

“Es un grave ataque contra el pluralismo y la alternancia democrática”, se indignó Bardella, que denunció un “ensañamiento” contra este partido, que lidera los sondeos de la primera vuelta de la próxima presidencial.

Con la esperanza de poder concurrir a la elección y a la espera del juicio en apelación, Le Pen pidió el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que suspenda la ejecución inmediata de su inhabilitación.

La justicia francesa investiga desde julio de 2024 los préstamos otorgados por particulares al movimiento de extrema derecha, tras una denuncia de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político (CNCCFP).

Las investigaciones deben poder determinar si las campañas se financiaron con “préstamos ilegales de particulares” y si se facturaron al Estado “sobrecostos” o “servicios ficticios”, precisó la fiscalía.