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Los gobiernos que integran el Grupo de Lima manifestaron su "profunda preocupación" por informes sobre el despliegue y reiteraron su "alarma y consternación" por las violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela.
Esa preocupación la dejaron sentada en una nota que suscribieron los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, en la que hablan del movimiento de “armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC”.
La declaración, difundida este martes en Santiago por la cancillería chilena resalta que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela han sido “denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Precisaron que tales actos “incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la Justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de la democracia en ese país”.
En la nota, los países condenaron la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela, “reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos”.
En ese contexto, reiteran su desconocimiento de “la legitimidad y credibilidad del proceso electoral” que concluyó el pasado 20 de mayo, “por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.
Sobre la base de lo anterior, llaman a la instalación de “un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia”.
En el texto de ocho puntos, también insistieron en un “llamado urgente” al Gobierno de Venezuela “para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición”.
Asimismo, reconocieron la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que busca “apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana”.
El Grupo de Lima expresó por último su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, “medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.
Por su parte, el canciller chileno, Roberto Ampuero, señaló desde Bruselas que América Latina debe ser una zona de paz y advirtió que el desplazamiento de material militar y de efectivos militares hacia la frontera con Colombia “genera una atención adicional a la crisis que ya vive Venezuela”.
“También a la crisis migratoria que ha generado el régimen de Venezuela debido a sus crisis económica, política y de convivencia cívica”, añadió el jefe de la diplomacia chilena.
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