Tras polémico indulto, Alberto Fujimori sale de la clínica y queda en libertad

Recibió el alta médica luego de permanecer internado durante doce días por problemas cardiacos y se trasladó a una casa en un exclusivo sector de Lima, que cuenta con resguardo policial pero no pertenece a ningún familiar.

El expresidente peruano dejó este jueves en la noche el centro asistencial en una silla de ruedas y levantando su mano derecha para saludar a algunos partidarios congregados en el lugar. Se marchó en un vehículo todoterreno negro acompañado por su hijo menor, el legislador Kenji Fujimori.

Fujimori ingresó a la clínica con problemas de presión arterial, los cuales según el exdirector general de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, nunca antes calificaron para un indulto humanitario.

El indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski, actual mandatario, en la víspera de la Navidad pasada desató una nueva tormenta política en Perú pocos días después de que el mandatario de centro-derecha se salvara de ser destituido por el Congreso por haber mentido sobre sus lazos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

El jefe de Estado se salvó de la destitución debido, en parte, a la abstención que hizo Kenji Fujimori y otros nueve legisladores de su partido, en contraposición a la postura del resto de su bancada que apoyaba la vacancia de Kuczynski.

El indulto fue otorgado tres días después de la frustrada destitución, lo que alimentó las versiones de la oposición de que se trató de una negociación entre el gobernante y Kenji Fujimori.

Keiko buscaba que su padre recuperara la libertad en los tribunales, mientras que su hermano menor, Kenji, defendió siempre la opción de un indulto humanitario.

La reconciliación entre sus hijos y herederos políticos, Keiko y Kenji, asoma como la primera tarea que debe emprender el exgobernante de ancestros japoneses ahora que recuperó su libertad.

Keiko y Kenji publicaron imágenes con su padre para celebrar la libertad del exmandatario (1990-2000).

Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas, perpetradas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Familiares de las víctimas decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para conseguir anular el indulto, que consideran un “insulto”.

El indulto desató protestas callejeras y críticas de organismos internacionales, además de las renuncias de los ministros de Cultura, Salvador del Solar, y de Defensa, Jorge Nieto.

Con EFE y AFP.