El Salvador: cierra ONG que apoyaba a mujeres encarceladas por abortar

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización salvadoreña que durante dos décadas defendió a mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto, anunció su cierre en medio de un contexto cada vez más restrictivo para las asociaciones civiles. En entrevista con RFI, Sara García Ross, miembro de esa ONG, advierte que "defender derechos en El Salvador se está convirtiendo en un riesgo". 

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que hizo pública su decisión el domingo, logró en estos años la liberación de unas 80 mujeres que habían sido condenadas tras sufrir emergencias obstétricas y que, según denunciaba la entidad, fueron “criminalizadas” por interrumpir el embarazo.

La organización también impulsó propuestas de reforma a la ley que castiga el aborto con penas de cárcel, aunque sin éxito, y promovió denuncias internacionales contra el Estado salvadoreño.

Pese al cierre administrativo, el colectivo afirma que seguirá activo.”Dejamos de ser agrupación para convertirnos en movimiento”, explicó a RFI Sara García Ross, vocera del grupo. Según dijo, el objetivo ahora es seguir trabajando “desde una resistencia colectiva y regional” ante el ambiente “hostil” que enfrentan las organizaciones sociales en el país.

Un marco legal cada vez más rígido

En El Salvador, el aborto está penalizado con entre dos y ocho años de prisión, aunque algunos tribunales lo han calificado como homicidio agravado, lo que eleva la condena hasta 50 años.

La Agrupación recordó que en 2025 el Congreso, controlado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó una ley de agentes extranjeros, similar a legislaciones vigentes en Rusia y Nicaragua. Esta norma impone un impuesto del 30% a las donaciones provenientes del exterior para oenegés, lo que según organizaciones de derechos humanos busca limitar su labor y frenar sus denuncias sobre abusos relacionados con la política de seguridad del gobierno.

A raíz de este marco, entidades como la reconocida Cristosal y otras organizaciones humanitarias cerraron sus oficinas en el país en 2025 y trasladaron su trabajo al exilio.

Aunque reconocen un “contexto adverso y de persecución”, las integrantes del colectivo aseguran que mantendrán su activismo con una estrategia regional.

En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por impedir en 2013 el aborto terapéutico a “Beatriz”, una joven de 22 años cuya vida corría peligro y cuyo embarazo era inviable por una grave malformación fetal. Este fallo marcó un precedente en la región.

“Defender derechos en El Salvador se está convirtiendo en un riesgo”, advirtió García Ross. “Queremos que se mire lo que está pasando con las organizaciones sociales y con las defensoras de derechos humanos, en un contexto que se está volviendo cada vez más autoritario”.