Bogotá
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Según relató el hijo del cantante, los criminales preguntaban por propiedades, vehículos y cualquier activo que permitiera calcular la cifra que exigiría.
El directivo del Gaula de la Policía, Édgar Correa, reveló en una conversación con Blu Radio nuevos y contundentes detalles sobre el operativo que permitió la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, quienes permanecieron secuestrados desde el pasado 18 de noviembre en las carreteras del Cauca.
(Vea también: Emotivo video del hijo de Giovanny Ayala hablando con su papá después de ser liberado)
Según explicó, durante el rescate se produjo un cruce de disparos, pues las personas que custodiaban a los secuestrados intentaron resistirse al operativo desplegado por las autoridades. En medio de la confrontación, uno de los integrantes del grupo delincuencial logró huir hacia la selva, motivo por el cual las operaciones de búsqueda continúan activas en esa zona.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las autoridades y de la opinión pública tiene que ver con las exorbitantes cifras de dinero que los captores exigieron a cambio de la libertad de Ayala y Pantoja.
“Buscaban apuntarle a esas exigencias de dinero”, afirmó Correa, señalando que este tipo de análisis previo se ha convertido en una práctica recurrente entre estructuras dedicadas al secuestro.
Entre los testimonios recopilados, Ayala le contó a las autoridades que durante su cautiverio los delincuentes le preguntaban insistentemente por los bienes y propiedades que poseía. Querían saber cuántos vehículos tenía, si era dueño de inmuebles, qué tipo de negocios manejaba y cualquier otro detalle que les permitiera fijar una cifra alta para la extorsión.
“Anoche hablábamos con Miguel y nos contaba eso, que le preguntaban mucho por los bienes”, relató el coronel, enfatizando en el impacto psicológico que esta presión constante provocó durante los días que permaneció retenido.
A pesar de todos estos intentos y de las múltiples llamadas extorsivas, los secuestradores no lograron obtener ningún pago. Ni la familia ni ninguna persona cercana entregó dinero, pues las autoridades insistieron en que la prioridad era preservar la vida de los secuestrados y que cualquier transacción solo fortalecía a estas estructuras criminales.
La liberación, finalmente, se produjo gracias a un operativo articulado entre las Fuerzas Militares, el Gaula y organismos de inteligencia, que permitieron ubicar el punto exacto donde permanecían retenidos.
Sobre la banda criminal involucrada, el coronel Correa explicó que, aunque aún no tiene un nombre oficialmente definido, ya se tienen identificados a varios de sus miembros y se conoce parte de su prontuario.
Testimonios de habitantes de Popayán indican que este grupo se dedica no solo al secuestro, sino también al robo de camionetas de alta gama. Los vehículos hurtados, según la información preliminar, terminarían en manos de disidencias armadas que operan en la región, lo que abre nuevas líneas de investigación frente a sus posibles vínculos con grupos más grandes y estructurados.
Si bien el esperado reencuentro entre los secuestrados y sus familiares ya se dio en medio de escenas de alivio y emoción, las autoridades confirmaron que las investigaciones no se detendrán.
El objetivo ahora es identificar plenamente a todos los responsables, capturar a los que lograron huir durante el operativo y desarticular por completo la red delincuencial que estaría detrás de este y otros secuestros ocurridos en la zona.
De acuerdo con el coronel Correa, en el primer contacto que los delincuentes tuvieron con los familiares de las víctimas, pidieron más de 4.000 millones de pesos.
Sin embargo, con el paso de los días y la presión ejercida por la familia y las autoridades, incrementaron la suma hasta los 7.000 millones de pesos, una cifra inalcanzable para sus allegados y que reflejaba la crudeza del secuestro extorsivo del que fueron víctimas.
El coronel también detalló el modus operandi utilizado por esta banda para seleccionar a sus víctimas y establecer el monto de sus exigencias económicas. Según relató, los criminales extraían información directamente de las redes sociales de los secuestrados.
A través de fotos, publicaciones y listas de contactos, analizaba la vida personal y profesional de cada víctima, con el objetivo de determinar su presunta capacidad económica.
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