Gobierno revisa normas laborales aprobadas en el mandato de Gustavo Petro y plantea cambios en tercerización y aportes de domiciliarios

El Gobierno Nacional se encuentra actualmente en un proceso de revisión de ocho normas laborales que fueron aprobadas durante el mandato de Gustavo Petro. De acuerdo con la información disponible, la intención detrás de estas propuestas de cambio responde a inquietudes sobre la legalidad y el alcance de algunas regulaciones que afectan tanto a trabajadores como a empresas. Entre los temas que generan mayor discusión están la tercerización laboral, los aportes a salud y pensión de quienes laboran como domiciliarios en aplicaciones digitales, así como los acuerdos entre sindicatos y empleadores.

Uno de los puntos más relevantes se relaciona con el Decreto 581 de 2026, que aborda la tercerización laboral ilegal. El Gobierno plantea la eliminación de este decreto, argumentando que varios de sus apartados imponen multas superiores a los límites establecidos por la ley y contienen reglas que ya han sido anuladas por el Consejo de Estado. Es importante aclarar que la eliminación del decreto no implica que la tercerización ilegal deje de ser sancionada; el debate se concentra en los mecanismos utilizados para regular esta práctica y en la proporcionalidad de las sanciones.

Otro aspecto sensible afecta a los repartidores de plataformas digitales, como Rappi y DiDi. De acuerdo con las nuevas propuestas, se modificaría la manera de calcular las contribuciones a salud y pensión de estos trabajadores. Bajo la normativa sugerida, los aportes corresponderían al 40 % de los ingresos reales de los repartidores, en lugar de emplear un monto fijo equivalente a un salario mensual mínimo, como ocurre en ciertos casos actualmente. Este ajuste busca que los pagos reflejen de forma más directa el ingreso obtenido por dichos trabajadores.

En cuanto a los pactos colectivos, el Gobierno plantea derogar el Decreto 992 de 2026, lo que significaría volver a las reglas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo. Además, se contemplan ajustes en las funciones y reglas aplicables a los inspectores laborales y cambios en las medidas para atender casos de acoso y violencia laboral. Si bien se mantendrían las protecciones frente al acoso sexual, se alteraría la reglamentación relacionada con la atención psicológica y los procedimientos para la evidencia de estos hechos.

Las centrales obreras han expresado su preocupación ante estas propuestas, señalando que podrían constituir un retroceso en los derechos laborales conquistados tras largos procesos de concertación y negociación. Por el contrario, el Gobierno defiende que las modificaciones son necesarias para evitar que disposiciones sean anuladas por sobrepasar las facultades legales del Ejecutivo y enfatiza que no se busca suprimir derechos adquiridos ni modificar la reforma laboral aprobada en 2025. Hasta el 9 de noviembre de 2026, estos borradores estarán abiertos a comentarios, tras lo cual se harán revisiones antes de tomar decisiones finales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implican los cambios propuestos por el Gobierno en las normas laborales recientes?

Las reformas propuestas por el Gobierno implican ajustarse a los límites legales sobre multas, una revisión en la regulación de la tercerización ilegal y una manera diferente de calcular los aportes a seguridad social de los repartidores de aplicaciones. De acuerdo con la información, los cambios buscan subsanar aspectos que podrían ir más allá de lo permitido por la ley, sin eliminar derechos ya reconocidos en la reforma laboral vigente.

¿Por qué los sindicatos temen un retroceso en los derechos laborales con las nuevas propuestas?

Los sindicatos consideran que algunas de las modificaciones sugeridas por el Gobierno podrían restar fuerza a las garantías laborales obtenidas mediante acuerdos y negociaciones previas. Advierten que la derogatoria de decretos y ajustes en la reglamentación de los derechos puede debilitar las herramientas de defensa de los trabajadores, lo que para ellos representa un posible retroceso en conquistas ya alcanzadas.