¿Qué pasará si Petro y Cepeda no aceptan una derrota en segunda vuelta? Registrador aclaró

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Ante el manto de duda que empezó a tender el Pacto Histórico sobre el censo electoral, Hernán Penagos recordó las vías legales que existen en Colombia.

La tensión política y los cuestionamientos al sistema de votación de la primera vuelta presidencial encendieron las alarmas sobre lo que podría pasar el próximo 21 de junio. Luego de que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, pusiera en duda más de 800.000 cédulas del censo electoral y condicionara su pronunciamiento oficial, en el ambiente quedó flotando una preocupante pregunta: ¿qué pasará si el Gobierno de Gustavo Petro y la campaña del progresismo se niegan a aceptar una eventual derrota en el balotaje?

Para frenar las especulaciones y los discursos de fraude, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso y aclaró con total firmeza cuáles son los únicos caminos institucionales que contempla la ley colombiana si una fuerza política no queda conforme con el veredicto de las urnas.

Penagos fue enfático en señalar que en Colombia no hay espacio para las vías de hecho ni para los pataleos mediáticos por fuera de la ley. El funcionario recordó que la institucionalidad del país está plenamente blindada para resolver cualquier tipo de controversia matemática o logística de manera pacífica y reglamentada.

“En un estado democrático las normas y leyes definen cuáles son los procedimientos cuando uno no está de acuerdo. Ese proceso de cómo avanzar frente a reclamaciones está definido desde hace 40 años”, explicó el registrador nacional.

Con esto, la entidad dejó claro que las reglas del juego son conocidas por todas las campañas y que el inconformismo de un candidato debe canalizarse estrictamente a través de los estrados judiciales y los organismos competentes.

El jefe de la organización electoral detalló la ruta jurídica que cualquier colectividad, incluida la de Iván Cepeda y el presidente Petro, debe agotar si pretende impugnar la consolidación de los votos del balotaje:

• Presentar impugnaciones formales y sustentadas durante las comisiones escrutadoras de los jurados y testigos.
• Acudir ante los jueces de la República y magistrados para revisar las actas oficiales.
• Elevar las quejas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como máxima autoridad de inspección y vigilancia.
• Llegar hasta el Consejo de Estado, que es la última instancia legal encargada de definir la validez de una elección presidencial.

Finalmente, Hernán Penagos defendió la solidez técnica del andamiaje que se ha construido en el país para estos comicios de 2026: “Lo que debe hacer cualquier organización política es acudir a esas normas legales (…). Nuestro sistema es el que más tiene garantías”, concluyó, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía frente al crucial conteo de votos que definirá el futuro de la Casa de Nariño.